Alerta judicial por el narcotráfico

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Apabullados por el volumen de causas re­lacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando en general y el la­vado de dinero, los jueces del fuero federal de ocho provincias del Noroeste y Nordeste del país emitieron un reclamo formal de más infraestructura, logística y mayor cantidad y calidad de recursos hu­manos. El pedido se parece mucho a un mensaje de alerta que desnuda las limitaciones de la estructura judicial frente a la multiplicación de la actividad de­lictiva en la frontera Norte de la Argentina. Esto com­prende también a Corrientes que, insólitamente, no estuvo presente en el cónclave.

La principal preocupación es el tráfico de estupefacientes, un negocio cuyas ramificaciones so­ciales y geográficas ha alcanzado niveles que sorprenden. El flage­lo de la droga es un drama común en casi todas las capitales, pero es un problema de riesgo en las provincias de frontera, que de­berían ser las primeras barreras en la lucha contra narcotráfico. Sucede que las barricadas están desbordadas.

Este diagnóstico surge del do­cumento elaborado por los jueces federales que se reunieron ayer en la ciudad de Orán, en el Norte de Salta y donde analizaron el cuadro de situación de cada jurisdicción involucrada y el andamiaje judicial con el que se cuenta para atender la creciente deman­da. Estuvieron los magistrados de Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Cata­marca y también de la provincia anfitriona. Lamenta­blemente no hubo representantes de Corrientes (tam­poco de Misiones) que no fueron convocados.

Resulta llamativo que las dos provincias mesopo­támicas, que tienen más kilómetros de frontera (con tres países) que muchas de las jurisdicciones mencio­nadas no tuvieran participación en tan trascendente encuentro. Es importante recordar que Corrientes y Misiones limitan con Uruguay, Brasil y Paraguay.

Extraña postergación para dos provincias que es­tán sometidas al embate del narcotráfico y que bata­llan con igual o menor cantidad de recursos que otros distritos. Por ejemplo, en materia de prevención de seguridad, Corrientes no cuenta con radares para el control aéreo.

Como sea, la situación correntina fue tocada al menos de manera tangencial en el cónclave de Orán debido a que un par de causas iniciadas aquí están co­nectadas con otras provincias, Formosa, Chaco. Esta conectividad del delito es una realidad creciente, se­ñalada por los magistrados federales, que enfrentan un nuevo desafío: la instrucción en múltiples y varia­dos escenarios. Sin recursos no es posible pensar en el éxito. Dicho de otro modo, no es posible desbaratar la red delictiva.

Un buen ejemplo es lo que ocu­rrió hace poco con el descubri­miento de una célula de narcos que operaban en Paso de los Li­bres (donde tenían aviones y una pista clandestina), pero que tenía vinculación con Mendoza y Chile. La investigación no se inició en Corrientes sino en Formosa, por parte de una jueza chaqueña que subroga en la provincia vecina. La falta de magistrados, de personal y de infraestructura es justamente uno de los reclamos del Foro.

El pedido fue hecho a la Corte Suprema, pero tam­bién al Poder Ejecutivo de la Nación. Extensivo a los gobiernos provinciales.

El acta firmada durante la reunión dice que el ob­jetivo principal fue encarar “políticas judiciales ten­dientes a promover la asistencia y/o sanción punitiva de acciones aisladas o actividades organizadas que generen o consoliden situaciones de riesgo actual o potencial en estas regiones”. Y agrega que es su preocupación extremar los recursos propios y solici­tar la cooperación de los demás organismos del Esta­do nacional y provincial para ahondar y profundizar las medidas.

Los magistrados quieren una señal y en ese sentido indicaron que es indispensable que “las organizacio­nes criminales sepan que el Poder Judicial de la Na­ción no tiene intención de retroceder y que la idea de avanzar en la lucha contra el narcotráfico es decisión tomada”.