Envuelto en polémicas, el kirchnerismo logró aprobar anoche en el Concejo Deliberante de la capital la controvertida declaración de utilidad pública de las obras municipales, las que se ejecutan y las que se realizarán durante el año.
Fue el tema excluyente de los ediles ayer, quienes plantearon hasta posturas filosóficas respecto a la posibilidad de cobrar los trabajos que la Comuna realiza.
Uno de los puntos más discutidos fue el cobro de las obras que están en ejecución. De acuerdo a la visión oficial, “mientras no se certifiquen no está terminada la obra, administrativamente”.
El punto fue denunciado como “estafa política”, desde el bloque de Encuentro por Corrientes.
Hugo Calvano afirmó al respecto que “nos opusimos al cobro retroactivo de las obras a los vecinos porque saltean ilegalmente la norma de contribución de mejoras, con el objetivo evidente de recaudar como sea”.
Asimismo señaló que “pretenden cobrar ilegalmente obras que se hicieron años atrás y que nunca le notificaron al vecino que debería pagar, violando la seguridad y previsibilidad jurídica de los contribuyentes y que podrían tener graves consecuencias en la Justicia”.
Por último el edil añadió: “Es una verdadera estafa política ya que el mismo ex intendente reconoció que las obras no fueron hechas para cobrar, y que se financiaron con fondos nacionales”.
Resta ahora la promulgación de la norma en el Boletín Oficial para su puesta en vigencia, aunque no se descartan acciones judiciales para impedirlo.
Pero más allá de las controversias políticas, el oficialismo mostró una postura clara respecto al financiamiento en la gestión: obtener recursos a como dé lugar para sostener la administración.
A esta cuestión se suma el revalúo catastral, la poda del enganche salarial municipal y varias moratorias.
Son cuatro los lugares. Gran expectativa de los concejales que buscan un lugar en la comisión de Juicio Político.
El Concejo Deliberante de Corrientes, se reunió en comisión -el pasado martes por la tarde- para avanzar en un acuerdo para definir los nombres que ocuparán un lugar en la comisión de Juicio Político.
En este sentido se conocieron los primeros avances, la parte acusadora tendrá nueve miembros y la juzgadora se conformará con diez ediles. Dos lugares se definirán por sorteo. Mientras que el oficialismo y oposición ya tienen sus candidatos, pero aún no se revelan los nombres.
Cabe destacar, que dicha comisión actualmente está integrada por los concejales, Agustín Payes, Justo Estoup, Molina Omar, Hugo Calvano, Juan José López Desimoni.
La comisión evaluadora de Juicio Político tiene la finalidad de hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades.
De esta manera, el Concejo buscar brindar mayor transparencia y consenso a esta comisión que se encargará de evaluar los casos más resonantes que lleguen hasta este ámbito legislativo.
En este sentido, uno de sus integrantes, el concejal por el ARI Hugo Calvano, indicó que “se viene trabajando para reforzar una comisión que permanentemente se encuentra con un cúmulo de expedientes y proyectos que deben ser evaluados, estudiados”.
Por el momento, esa comisión está integrada por cinco ediles por lo que se propone designar dos y otros dos lugares que se definan por sorteo.
“Esta comisión como todos saben es la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. Por el momento nos reunimos todos los martes, esta en análisis poder reunirnos un día más de la semana”, explicó Calvano.
Cabe señalar que hay un consenso entre los integrantes de esta comisión para la ampliación del número de integrantes que en las próximas semanas se incluirán en la comisión permanente. s
