DERECHOS HUMANOS. Reunión con la juez por corte en la Ruta 86

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El viernes, la jueza federal Dra. Claudia Fernández recibió en su despacho a Alejandra Carrizo y Berta El Gandur -referentes de la APDH Formosa-, al abogado Gabriel Alcaraz de EDIPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), y a la abogada Marina Morales Ríos, Delegada del Defensor del Pueblo de la Nación.

Durante la entrevista los presentes le manifestaron a la magistrada una superlativa preocupación por la situación de creciente tensión en la manifestación sobre la Ruta Nacional Nº 86. Explicaron la importancia de que se respeten los derechos constitucionales de consulta previa, libre e informada y denunciaron el ninguneo que desde el gobierno provincial se manifiesta respecto de la comunidad Potae Napocná Navogoh La Primavera y su líder Félix Díaz, autoridad legítimamente constituida y reconocida con personería jurídica nacional, otorgada por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

En este sentido, la pretensión de avanzar en la tierra comunitaria con el supuesto propósito de llevar adelante obras para esa comunidad, sin el consentimiento, ni la participación de los interesados constituye una expresión de soberbia y provocación, que cuando menos deja traslucir un desprecio hacia los manifestantes.

Lamentaron que se haya instruido causa penal contra los indígenas que protagonizan la manifestación porque hace poco tiempo y en relación al corte de ruta del 2010, recientemente la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, resolvió claramente que «no se ha cometido delito alguno» y que «de ninguna manera pueden resultar pasibles de persecución penal los protagonistas de una protesta social». En esa oportunidad el Tribunal dijo también que «no se puede pasar por alto la circunstancia de que las autoridades de la Provincia de Formosa han desatendido los múltiples reclamos de las comunidades indígenas en violación de preceptos de orden superior, llevando a tales grupos al extremo de reclamar, por el único medio que entienden efectivo, el reconocimiento de sus prerrogativas, asistiendo razón a la defensa en este punto».

Expresaron también los asistentes que es responsabilidad de quienes ostentan la función pública arbitrar los medios para que el diálogo encuentre lugar, y que ésta es la verdadera vía hacia la resolución de cualquier conflicto, a su vez que responsabilizaron al gobierno provincial de las recientes provocaciones contra los manifestantes. Es fundamental generar situaciones de paz y concordia.

Asimismo, recalcaron a la magistrada la importancia que se garantice la integridad de los pueblos indígenas involucrados, como también que se instruya y se supervise permanentemente el accionar de las fuerzas de seguridad a los fines de evitar incumplimientos por parte de éstos que puedan tener consecuencias lamentables. Manifestaron su preocupación por la tensa situación de violencia en la zona de conflicto que demanda una atenta y vigilante presencia de la Gendarmería nacional a fin de evitar cualquier escena de violencia.

Por su parte, la magistrada explicó que se habían dado instrucciones días pasados a la Gendarmería Nacional en ese sentido, pero que ante el reciente episodio de tensión entre facciones de la misma comunidad como también la originada a causa de la intención del gobierno de atravesar maquinarias por el lugar de la protesta, requeriría los informes pertinentes a fin de solicitar las medidas que sean necesarias y que se seguirán arbitrando los medios para garantizar la integridad tanto de los manifestantes como de los ocasionales transeúntes.

Finalmente, los asistentes destacaron la importancia del encuentro con la jueza y la predisposición con la que fueron atendidos. PRENSA FORMOSA.