El Tribunal de Cuentas promete más transparencia en contratos de obras y de personal

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EP

  • Álvarez de Miranda ha comparecido en el Congreso y ha negado que se haya producido irregularidades en el organismo que preside.
  • El presidente del Tribunal se ha comprometido no obstante a tomar medidas que permitan «recuperar la confianza de la sociedad».
  • En las últimas semanas ‘El País’ ha publicado informaciones sobre la contratación de obras de conservación y la selección de personal.

Comparecencia en el Congreso

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha negado este martes que se haya producido ninguna irregularidad en el organismo, ni en la contratación de obras de conservación ni en la selección de su personal. En todo caso se ha comprometido a incrementar la transparencia en estos dos ámbitos, con el objetivo de «recuperar la confianza de la sociedad» mediante la búsqueda de la «excelencia» en su trabajo.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha negado las informaciones publicadas en las últimas semanas por el diario El País, que a su juicio «afectan al buen nombre y al prestigio» del organismo sin «transmitir una imagen fiel» del trabajo que se está realizando y del proceso «modernizador» llevado a cabo en los últimos años.

Tras negar cualquier irregularidad, el presidente ha avanzado algunas medidas que pondrá en marcha para «dotar de mayor transparencia» al Tribunal, tales como incrementar la información publicada en la página web sobre los contratos de obras de mantenimiento —incluyendo contratos menores—, dar publicidad a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y «dotar de transparencia» a todos los nombramientos, publicando los currículos de los adjudicatarios.

Próximas medidas

Además, se estudiará la posibilidad de modificar la RPT para «primar la designación por concurso frente a la libre», se congelará la incorporación de nuevo personal laboral, se aprobarán unas bases generales de acceso a los Cuerpos Superiores de Letrados y de Auditores y de Técnico de Auditoría y Control Externo, y se fijarán criterios en la composición de los tribunales de selección para «evitar cualquier apariencia de discrecionalidad», primando la participación de funcionarios de cuerpos ajenos al Tribunal.

Junto a todo ello, se estudiará la posibilidad de someter toda la actuación del organismo fiscalizador a la revisión de una entidad fiscalizadora superior, externa e independiente, que revisará las operaciones y normas del Tribunal de Cuentas, facilitará el «asesoramiento externo e independiente», y «perfeccionará la calidad y la credibilidad del trabajo» del organismo.

«Ante noticias como las publicadas debemos recuperar la confianza de la sociedad, y ésta sólo se conseguirá mediante la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestra labor. Sólo de esta manera, haciendo más con menos recursos y siendo proactivos en el cumplimiento de nuestros fines, seremos capaces de responder a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Es necesario que el Tribunal adopte una posición activa para evitar que noticias como las publicadas puedan generar confusión o intranquilidad», ha añadido Álvarez de Miranda.

Niega las irregularidades

El presidente del Tribunal ha señalado que no se fraccionaron contratos para pequeñas obras de mantenimiento porque no correspondían a un proyecto general de reforma, sino que se produjeron en diferentes años y hasta en cuatro edificios distintos. Ha defendido que incluso si se tomaran como un todo no habrían superado el umbral legal que obliga a sacar concurso público.

Con respecto a las «insinuaciones de enchufismo y nepotismo» en la incorporación de personal, Álvarez de Miranda ha asegurado que todas las contrataciones se realizaron «con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos» por la Función Pública, y que para ello se emplearon «procesos selectivos públicos y con tribunales calificadores» constituidos conforme a la normativa vigente.

Finalmente, ha asegurado que los trabajadores que desarrollan labores informáticas cumplen los requisitos exigibles para cualquier otra Administración «e incluso superiores» y ha diferenciado a estos funcionarios del personal laboral que «desarrolla tareas auxiliares» y que sí tiene menores requisitos de conocimientos. «Y para ser funcionarios [de este ámbito], las plazas están limitadas a funcionarios pertenecientes a Cuerpos de Tecnologías de la Información y la Comunicación», ha apostillado.

Por último, ha lamentado que las informaciones publicadas «impidieron que se materializara» un acuerdo con los sindicatos para modificar el convenio colectivo para el personal laboral, acuerdo «beneficioso» para el Tribunal y sus trabajadores ya que habría permitido «converger con el vigente en la Administración General del Estado, reduciendo las categorías profesionales y permitiendo la movilidad horizontal dentro del mismo nivel de cualificación».