Expositores cuestionaron los proyectos en danza que buscan regular la protesta social

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   Del encuentro participaron la exdefensora del Pueblo de la  Ciudad, Alicia Pierini; la representante de Amnistía  Internacional, Paola García Rey; Lucas Grosman de la Universidad  de San Andrés; y las representantes del CELS, Marcela Perelman y  Paula Litvachky.

   El debate continuará el próximo martes, probablemente con las  exposiciones de gremios y agrupaciones sociales, según propuso al  titular de la comisión, Diana Conti.

Hay una  absoluta incapacidad de la función política de resolver el conflicto

   La diputada oficialista dispuso un cuarto intermedio hasta ese  día, cuando también podrían asistir al encuentro para explicar sus propuestas los legisladores Remo Carlotto (FpV), Alberto Asseff (Frente Renovador) e Ivana Bianchi (Compromiso Federal), quienes no dieron detalles de sus propuestas en la etapa inicial de  discusión.

«Los estándares internacionales de derechos humanos no admiten que el Estado exija un permiso o autorización para que las personas ejerzan el derecho a la protesta social». Foto archivo.

   La exdefensora del Pueblo evaluó que ‘el Estado tiene que tener un rol de protección y prevención frente al conflicto‘ social y no solo estar ‘para restringir‘.

   ‘Hay que tener en claro qué expresa una protesta social‘,  sostuvo Pierini.

   A la vez, expresó sus ‘dudas‘ respecto a ‘que el tema sea el  conflicto de derechos‘, al asegurar que en realidad ‘hay una  absoluta incapacidad de la función política de resolver el  conflicto‘.

   García Rey, por su parte, afirmó que ‘cualquier limitación que  el Estado pretenda imponer debe responder a una rigurosa  justificación y debe asegurarse que esa limitación no ponga en  riesgo el derecho en sí‘.

   ‘Los estándares internacionales de derechos humanos no admiten  que el Estado exija un permiso o autorización para que las  personas ejerzan el derecho a la protesta social‘, destacó la  representante de Amnistía Internacional.

   Durante el debate, añadió: ‘El Estado debe garantizar que la  fuerza solo será utilizada como último recurso y con estricto  apego a las normas internacionales. Debe estar dirigida únicamente a aquellos que se manifiesten de forma violenta. No es legítimo disolver una manifestación simplemente porque algunos  manifestantes están cometiendo actos violentos‘.

   En tanto, Grosman coincidió en que ‘el esquema del conflicto  de derechos no es el más feliz‘, aunque señaló que no existe un  derecho constitucional a cortar la calle ‘como parte del derecho a la libertad de expresión‘.

   ‘Este tipo de protesta no favorece la deliberación  democrática‘, subrayó el abogado, al señalar que ‘implica un grado de violencia‘ y un ‘daño intencional‘ a terceros.

   ‘Si el objetivo de la manifestación es cortar la calle, la  distinción entre un corte de calles parcial o total no es  satisfactoria‘, agregó el representante de la Universidad de San  Andrés.

   Perelman, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y  Violencia Institucional del CELS, sostuvo que ‘el aporte del  Congreso‘ debería ser ‘fortalecer el abordaje no violento de la  protesta social‘.

   ‘Esa no es la orientación predominante de los proyectos en  discusión‘, apuntó.

   En la misma línea, Livachky, directora del área de Justicia y  Seguridad, criticó que ‘los proyectos se paran desde la idea de  que hay un uso abusivo de la protesta y que por eso hay que     restringirlo‘.

   ‘La discusión debe ser sobre una legislación que clarifique la  forma en que el Estado protege a quienes protestan y garantiza el  derecho a la protesta‘, indicó.

   En Asuntos Constitucionales existen nueve proyectos de  distintos espacios políticos que con diferentes matices buscan  regular los piquetes.

   En sintonía con ese tema, hay dos iniciativas que impulsan la  declaración de la amnistía a las personas imputadas en delitos  cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y  reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, a partir del 10  de diciembre de 2001.