INTOLERANCIA. Mientras arrecia el despotismo, la democracia sigue en caída libre.

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Lo sucedido esta noche en la Legislatura provincial, de nuevo pone al descubierto el cariz antidemocrático que caracteriza al gobierno provincial cuya cabeza practica y expande estas conductas en las áreas neurálgicas del Estado como herramienta determinante para conservar el espacio política.

Durante la trivial sesión de los jueves, el diputado Martín Hernández reflotó lo ocurrido hace una semana cuando los legisladores «gildistas» impusieron su número para eliminar la ley 815, considerada fundamental para la protección de la salud de los formoseños y del medio ambiente.
El parlamentario pretendió plantear los argumentos que reunía para que la norma no termine en un cesto de basura como finalmente ocurrió, teniendo en cuenta que el manejo arbitrario de la presidencia lo había privado del objetivo.
Para algunos dirigentes, como el propio Hernández, la postura adoptada por sus colegas encierra un negociado con la procesadora de uranio. En ese propósito, identifican a hombres cercanos de Gildo Insfran.

Al cerrar su alocución, el presidente del bloque de diputados radicales, redefinió ese pensamiento, lo que enervó a los representantes del oficialismo, uno de los cuales le reclamó que «rectifique o ratifique» el planteo. Hernández confirmó sus dichos y de inmediato motorizó la máquina de la intolerancia y del totalitarismo que existe en esa dependencia del gobierno provincial.

A propuesta del justicialismo se aprobó un pedido de cuestión de privilegio para lo cual fue conformada una comisión que analizará las expresiones de Hernández y determinar que sanciones le corresponde por pensar de la forma que piensa.

El diputado radical planteó muchas veces la idea de que Dioxitek encierra un potencial negocio para funcionarios públicos, al igual que el propio jefe del partido al que pertenece. El permanente silencio y un manejo misterioso de todo lo que rodeó a la presencia de la planta procesadora de uranio en Formosa fueron los argumentos expuestos para considerar que el fondo de todo no es el que se muestra desde el relato oficial.

No es la primera vez que un legislador de la oposición es «apretado» de esta manera por pensar distinto, en el seno de su lugar de trabajo.

El sistema republicano basa su operatividad en tres poderes, cuyos roles están claramente definidos recayendo en cada uno de ellos atribuciones respaldadas por la propia Constitución.

Cuando se viola este principio, todos los demás derechos dejan de tener sustento, exponiendo a cualquier vecino a ser presa de la necesidad política del hombre fuerte de turno, incluyendo su patrimonio y su familia. Se trata de un vulgar ejemplo de dictadura, impropio de esta etapa democrática, donde persisten prácticas abusivas maquilladas adecuadamente para exhibir el rostro de una democracia.

La libertad de expresión, consiste en defender ideas y si conllevan la presencia de delitos, existe un órgano y un procedimiento para determinarlo. Burlar este umbral sólo se asemeja a un país africano, controlado por el omnipotente dictador que está en el poder hace varias décadas y basa su permanencia en la fuerza del machete, ignorando su compromiso con una sociedad que lo ubicó pensando en otro futuro para su familia y sus hijos.FUENTE: CUARTO PODER DIARIO.