Jorge Melchor citado a declarar por lavado de dinero en Fonfipro

173

El Fondo Fiduciario Provincial de Formosa se hizo conocido a nivel nacional en los últimos tiempos porque desde allí salieron 7.6 millones de pesos que fueron a parar a las arcas del misterioso fondo The Old Fund. Esa enorme suma de dinero se pagó a fines de mayo de 2010 en concepto de asesoramiento para la reestructuración de la deuda que Formosa tenía con el gobierno nacional.
Amado Boudou, hoy vicepresidente, era por entonces el ministro de Economía que formalizó la reestructuración de la deuda de la provincia que maneja el kirchnerista Gildo Insfrán. 

The Old Fund, una empresa sin experiencia, sin empleados, emitió la factura número 3 de su talonario y cobró por el inexplicable asesoramiento. Las primeras dos facturas fueron anuladas.

El juez Ariel Lijo, procesó a Boudou porque considera probado que pertenece al vice la sociedad The Old Fund, que se quedó con la imprenta Ciccone. Lijo sostuvo que, según su investigación, el cobro del asesoramiento por la deuda de Formosa fue un negocio vinculado a Boudou. El convenio entre Formosa y The Old Fund fue firmado por Jorge Ubaldo Melchor como administrador del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) y Alejandro Vandenbroele –acusado de ser testaferro de Boudou– en nombre de la ignota consultora.

Parte de esos 7,6 millones fueron pagados luego a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación SA, que maneja Martín Cortés, un operador de Insfrán quien en los últimos años se transformó en accionista, director y presidente del Banco de Formosa. En su indagatoria por el caso Ciccone, Boudou señaló que el convenio entre Formosa y el gobierno nacional había sido iniciado por su antecesor en el Ministerio de Economía, Carlos Fernández. El caso de Formosa es investigado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo en una causa separada de la de Ciccone.

El Fonfipro estuvo en la mira judicial del juez Norberto Oyarbide cuando tuvo a su cargo el caso Skanska, el primer escándalo por corrupción del kirchnerismo.

Lavado de dinero

Pero más allá de esas dos causas emblemáticas del gobierno kirchnerista, el juez Claudio Bonadio tiene en su juzgado otra causa donde se investiga presunto lavado de dinero por la que Jorge Melchor será indagado el 13 de agosto próximo. La causa comenzó en 2007 debido a una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) canalizada a través de la que era la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero, que estaba a cargo del fiscal Raúl Pleé. La UIF había recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Francés por depósitos y retiros de una cuenta a nombre de la firma “Possi Publicidad”.

Entre enero y diciembre de 2006 se depositaron en la cuenta de esa firma 2,3 millones de pesos en efectivo. Una vez que el dinero estaba en la cuenta, de inmediato –según explicaron fuentes judiciales– Guillermo Rossi, una de los integrantes de la agencia de publicidad, sacaba los fondos mediante el cobro de cheques. Salieron 2 millones de pesos de la cuenta y el 75% pasó al Fonfipro.

Según los investigadores judiciales, la agencia de publicidad no tenía actividad, por lo que no se sabe de dónde provenía el dinero que entró a la cuenta. Eso se cobró y llegó a la cuenta del Fonfipro, que lo transformó en efectivo luego de una quita de un porcentaje mínimo que cobraba una intermediaria. 

Para traducir, el Fonfipro funcionaba como una cueva financiera. Entraban cheques y salía el efectivo menos un porcentaje que se quedaba la firma Board por su gestión de cobro.

Por esa maniobra tendrán que declarar Melchor, otros dos funcionarios y los integrantes de la sospechada agencia “Possi”: Santiago Podestá y Guillermo Rossi.

Nuevamente aparece el Fonfipro involucrado en un caso de dineros oscuros y de empresas privadas. Un juez federal porteño tal vez llegue a dilucidar si se cometió delito con fondos públicos, algo que parece muy difícil que lo pueda llevar adelante la justicia de la provincia de Insfrán.

Possi Publicidad

La empresa Possi Publicidad que intervino en la operatoria del cobro de parte de los 7,6 millones de pesos que se pagó desde la provincia a The Old Fund y que, según las sospechas del Juez Sebastián Casanello, era utilizada como trianguladora de una operación para que aparezca en el Fonfipro nuevamente esos cheques, es una incógnita para el mundo comercial.

Con domicilio declarado en la localidad bonaerense de Aristóbulo Del Valle sobre la calle Martín Jaedo 1.505, según los datos de la AFIP la mencionada empresa se dedica a brindar “Servicios de Publicidad”, tiene una facturación estimada entre $500.000 y $1.000.000 anuales, pero permanece inactiva desde hace varios años, por eso levantó las sospechas por parte del Banco Central al recibir de un solo pago mas de 2,3 millones de pesos.

Ahí se encendió la luz de alerta que finaliza con cheques cobrado por los miembros de esta empresa en las oficinas del Fonfipro, el lugar de origen de donde salió el primer pago.

Antecedente: La Justicia de Formosa 
cerró una causa similar sin investigar

Las sospechas de corrupción en el Fonfipro no son nuevas y tienen antecedentes en estrados del  poder judicial.. La Justicia formoseña ya archivó una causa en la que se investiga el presunto pago de una coima de $7,6 millones a través del misterioso fondo The Old Fund y que más comprometían al vicepresidente Amado Boudou.

El archivo que dispuso el juez Héctor Suhr en su momento abarcó los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, considerando en su oportunidad que “no se ha demostrado un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración”.

Según reveló La Nación como primicia periodística, Vandenbroele embolsó $7,6 millones por el supuesto asesoramiento al gobierno de Formosa, que renegociaba su deuda con el gobierno nacional. Tras presentar la factura 0003 -las dos anteriores habían sido anuladas-, cobró sus honorarios varios meses antes que Insfrán completara dicho canje, para luego retirar el dinero en efectivo de la sede del Banco Macro.

Ya con el expediente en sus manos, y con apenas los documentos que presentó el Fondo Financiero Provincial (FonFiPro), la fiscal Vázquez remarcó que “no corresponde a este Ministerio Público dictaminar”. 

Pero así lo hizo desde el párrafo siguiente para, según ella misma sostuvo, “verificar la inexistencia de elementos”. Así, Vázquez concluyó que no podía comprobarse el tráfico de influencias por parte de funcionarios, ya que el pago de los $7,6 millones “fue efectuado a una consultora (The Old Fund) por el asesoramiento legal y financiero encomendado, realizado y luego de cumplidos los objetivos”.

Para la fiscal, resultó “notorio el origen y destino de las sumas dinerarias”, aun cuando Vandenbroele, tras recibir los $ 7,6 millones, se presentó en el Macro, los cambió a dólares y los retiró en efectivo de la cuenta de The Old Fund, en mayo de 2010, sin que se conozca otro destino formal para ese dinero. 

A continuación del dictamen de la fiscal, y cuando el expediente apenas acumulaba 100 fojas, el juez Suhr ordenó el archivo en una resolución en la que copió los argumentos de Vázquez. Firmó que dada “la documental suministrada” por el FonFiPro, y ninguna evidencia recabada por su cuenta, “se advierte la inexistencia de elementos que acrediten la comisión de ilícito alguno”. EL COMERCIAL – Formosa