Fue incorporado al Código Penal en 1949. Originariamente la figura fue incluida dentro del capítulo del desacato. Los autores del proyecto expresaron: “Sólo exigimos que la denuncia hecha ante la autoridad sea falsa, lo que, quiere decir que se ha de tener conciencia de la falsedad. En cuanto al elemento material del delito está representado por la falsedad de los hechos que
constituyen la denuncia y el elemento subjetivo por la mala fe del que la hace”.
El intento de robo en la vía pública a una joven a quien para robarle los delincuentes le arrojaron agua hirviendo en el rostro; el secuestro a una estudiante chaqueña en pleno centro de Corrientes, y el rapto a una abogada que luego de una intensa búsqueda de las fuerzas policiales y una multitudinaria marcha, se presentó sana y salva en una Comisaría en Ituzaingó, fueron tres episodios de gran impacto en la opinión pública, e incluso, a consecuencia de ello se generó cierto pánico en la sociedad. Sin embargo, todas estas historias terminaron siendo meras mentiras a las pocas horas de haber sido denunciadas.
Para la ley argentina, a pesar de haberse comprobado que no existió delito o que se trató de una falsedad para ocultar otro hecho -también grave, como fue el caso de Ada Pereyra, la chica atacada con agua hirviendo-, la mentira ante una autoridad judicial tiene una pena y está encuadrada en el artículo 245 del Código Penal Argentino. El apartado del capítulo 2 de los delitos contra la administración pública, establece que “se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de $750 a $12.500, al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad”.
Fuentes judiciales informaron a NORTE de Corrientes que las causas por estos hechos -pese a que se haya comprobado que se trataron de meras fabulaciones- aún siguen abiertas hasta tanto el juez competente en cada una de ellas envíe a archivo los respectivos expedientes. A partir de este trámite, el representante del Ministerio Público Fiscal puede promover una acción penal por el delito de falsa denuncia, una causa que se abrirá en forma paralela a la iniciada originalmente.
Uno de los casos es el de la abogada Milagros García Riera, de 25 años, quien en diciembre de 2012 había desaparecido luego de haber salido de su casa a hacer unos trámites, y que 24 horas después, cuando alrededor de 200 personas se manifestaban por el centro de Corrientes reclamando por su aparición y efectivos policiales de toda la provincia se abocaban a su búsqueda, la chica se presentó sana y salva en una Comisaría de Ituzaingó. Declaró luego ante la fiscalía y autoridades de la Policía, pero la audiencia tuvo que ser suspendida por una crisis de nervios que sufriera la letrada.
Otro de los recordados hechos fue el de la joven chaqueña Sylvina Escobar, de 21 años. Su hipótesis del intento de secuestro se desvaneció a las pocas horas. La chica había denunciado que en pleno centro de la capital correntina fue víctima de un intento de rapto, pero luego, acorralada por una serie de pruebas que pusieron en jaque su teoría -entre ellas, filmaciones de cámaras de seguridad de dos hoteles-, la estudiante terminó confesando que fabuló el secuestro. El fiscal que estuvo al frente de la investigación, Buenaventura Duarte, indicó que está aguardando que el juez de la causa envíe el expediente a archivo para iniciar otra por falsa denuncia contra la joven chaqueña. “Este caso generó un desgaste jurisdiccional y tuvo un alto costo para el Estado. Se puso en movimiento a tres direcciones de la Policía en el que trabajaron, sólo para este hecho, unas 40 personas. Un caso como éste preocupa a la gente y se crea el clima de inseguridad por algo que no existió. Y si no se descubre la mentira, queda el trauma en la sociedad”, expresó Duarte.
El más reciente de los sucesos fue el de Ada Pereyra. La joven había denunciado que la quemaron en un intento de robo en la vía pública, no obstante, resultó ser falso. Los investigadores descubrieron que la denunciante había sido agredida por celos presuntamente por otra mujer -que está detenida- en un departamento, en un incidente personal. Según fuentes judiciales, en forma paralela a la investigación por la agresión que sufrió, se abriría una causa en contra de la víctima, ya que a raíz de la mentira se indujo a funcionarios a poner en marcha erróneamente los mecanismos persecutorios de la acción penal.s
LA ESTUDIANTE CHAQUEÑA HABÍA SIDO CAPTADA POR CÁMARAS DE SEGURIDAD DE DOS HOTELES DE LA ZONA CÉNTRICA DE LA CAPITAL CORRENTINA, EN EL MISMO HORARIO EN EL QUE DENUNCIÓ HABER PERMANECIDO CAUTIVA.
El delito caduca antes del debate
En caso que un imputado por el delito de falsa denuncia sea procesado de cara a un juicio oral, en la mayoría de los casos el abogado defensor del acusado interpone un recurso de apelación ante esa medida judicial. Esto implica que la causa gire a un Tribunal de Alzada donde el expediente pasa a formar parte de la fila de espera junto a otros expedientes que también fueron apelados. Por más que haya una resolución inmediata, la defensa sigue redoblando la apuesta interponiendo recursos. De esta manera, los plazos se dilatan aún más hasta que la causa por falsa denuncia termina prescribiendo. En este sentido, el fiscal del Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes, Gustavo Schmitt, aseguró a NORTE de Corrientes que las causas por este tipo de delito “nunca llegan a juicio”. “Prescriben, quedan en el camino porque los abogados interponen cualquier recurso para ampliar los tiempos. Según establece el artículo 62 del Código Penal, que se refiere a la extinción de acciones, el plazo de prescripción es de dos años. Por esta razón no llega a debate”. El representante del Ministerio Público recordó que cuando se desempeñaba como fiscal de Instrucción nunca hizo un requerimiento de elevación de una causa por falsa denuncia a juicio. s
UNA MULTITUDINARIA MARCHA SE HABÍA GESTADO POR EL CASO DE LA JOVEN ABOGADA, QUIEN DIJO HABER SIDO SECUESTRADA, PERO LA POLICÍA DETERMINÓ QUE HABÍA VIAJADO A ITUZAINGÓ Y SE HOSPEDÓ EN UN HOTEL.
