Los derechos del consumidor a la hora de reclamar

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En los últimos tiempos, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Lealtad Comercial ha ido ganando un lu­gar cada vez más destacado en los tribunales. Es que, a la hora de emitir una sentencia, los jueces “hacen temblar” a las empresas cuando deciden usar estas normas, dado que suelen asociarse con la imposición de significativas multas y penalidades.

En este sentido, dichas normas indican que la autoridad de aplicación (en este caso, la Secretaría de Comercio In­terior) tiene la facultad de establecer severas sanciones a los proveedores que violentan el orden constitucional, legal y/o contractual.Además, esta situación se ve potenciada por­que -para formular una queja ante el orga­nismo público correspondiente- el interesado no está obligado a concurrir a un abogado, el escrito no se somete a formas determinadas -como sucede con una demanda judicial- y no es necesario que utilicen tecnicismos.

En un informe del portal especializado Ipro­fesional señala el caso en que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $80.000 a una concesionaria de autos por violar la Ley de Lealtad Comercial. Consideró que “la forma en que fue publicitado el producto ofrecido no permitía determinar el precio total de contado”. Esta sentencia se encuadra en un contexto en el que -de acuerdo con datos oficiales- se produjo un fuerte incremento en los incumplimientos en las operaciones de compraventa, a raíz de­moras en la entrega. De hecho, las denuncias en Defensa del Consumidor contra agencias y automotrices crecieron de forma exponencial.

EL COMPRADOR Y SUS DERECHOS  

El cliente tiene derecho a reclamar por diversos incumplimientos por parte de la empresa.

Por ejemplo, si el vehículo que recibe presenta un mal funcionamiento, si se le incumple con el precio acordado o si la forma de financiamiento publicitada se presta a confusión.

Cuando llega el momento de la entrega, a veces el rodado que ofrece la concesionaria termina siendo de una gama inferior o modelo pactado. (“Es que el precio subió y si no te llevas este te tengo que cobrar mas”, es el típico argumento) y el comprador termina con un auto que no tie­ne todos los accesorios contratados, como tapi­zado, equipo de audio, neumáticos, llantas, etc., o bien presentan defectos.

Una vez que el cliente recibe el automóvil, pue­de encontrarse con la aparición de fallas mecá­nicas reiteradas, con la falta de repuestos o que le ponen “palos en la rueda” a la hora de cum­plir con las garantías contravenidas. De acuerdo con la Asociación Protectora, otros casos que se presentan y que se pueden denunciar ante las autoridades -para que sancione a la compañía- o ante la Justicia para reclamar por los daños que el particular sufrió se encuentran:

– Antes de la entrega, se pagó todo el precio de la unidad pero aumentó el precio y no se la quieren entregar.

– En el momento de la entrega, le cobran al comprador importes que nunca le informaron que existían o le dicen que debe hacerse cargo de los montos por flete o gastos que no figu­raban en la publicidad o en el contrato o en la suscripción al plan de ahorro previo.

La publicidad integra el contrato celebrado con el consumidor o usuario, sea que dicha publi­cación revista el carácter de oferta al público o que se trate de un simple anuncio publicitario. Por otro lado la única circunstancia admitida por la ley para que la denunciada no sea sancio­nada es el acuerdo conciliatorio entre las partes.

CÓMO RECLAMAR  

Al momento de realizar el reclamo el damnifi­cado debe:

– Acreditar su identidad.

– Determinar a quién denuncia (y de ser posible su domicilio, para la pertinente notificación).

– Narrar lo acontecido.

– Manifestar qué pretende.

Asimismo, agregó que “debe acompañar los instrumentos que acrediten lo manifestado para que el organismo público se encuentre en condi­ciones de iniciar el procedimiento y convocar a la denunciada a los fines de que ejerza la defen­sa de sus intereses y brinde sus propuestas para satisfacer el derecho violentado del usuario”. Como en este fuero, existe el informalismo, el especialista señaló que “si el afectado no invoca que requiere una sanción determinada para el proveedor que está prevista en la ley, ésta puede ser impuesta de oficio por la Administración”.

En cuanto a los incumplimientos por mal fun­cionamiento o falta de entrega del vehículo, la Ley de Defensa del Consumidor es muy amplia en cuanto a la “cadena” de responsabilidades -en relación a la prestación de la garantía- que les impone a los proveedores. “Tanto los fabri­cantes, como los importadores y los vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”. La norma establece que “serán solidariamente respon­sables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía, los productores, los importadores, los distribuidores y los vendedores”.

Si hay que no­tificar al fabricante o importador de la entrada en vigencia del aval respectivo, dicho acto es­tará a cargo del vendedor. Si éste no lo hiciera, de todas maneras, el fabricante o el importador serán solidariamente responsables. En caso de existir una cláusula contraria a lo mencionado, el marco legal señala que la misma será nula.

Los problemas de garantía deben ser informados al cliente con simplicidad y sin abrumar con datos técnicos. De todas maneras siempre tiene el derecho de acudir a la justicia en el caso de no sentirse satisfecho.

Los problemas de garantía deben ser informados al cliente con simplicidad y sin abrumar con datos técnicos. De todas maneras siempre tiene el derecho de acudir a la justicia en el caso de no sentirse satisfecho.

AUMENTARÍAN EL CUPO EN DÓLARES A TERMINALES

De acuerdo a información publicada por varios medios porteños, el gobierno nacional estudia aumentar el cupo men­sual de acceso a divisas para importar autopartes y vehículos terminadas. La restricción a la compra de dólares para importación fue uno de los factores de­terminantes en la caída del mercado del año pasado, ya que algunas automotri­ces prefirieron no aumentar su deuda en el extranjero y limitaron al mínimo su stock de autos.

Ahora, se especula con que el gobierno aumentaría al menos un 50% por ciento el cupo mensual de acceso a divisas, llevando el límite im­puesto a fin del año pasado de 100 millo­nes de dólares mensuales a repartir entre todas las automotrices a 150 millones. Además, cuando las solicitudes tengan por fin la realización de inversiones, no habrá límites para la compra de divisas, según el diario Página 12.

Actualmente hay tres automotrices llevando a cabo inversiones para nuevos productos: To­yota, ya desde el año pasado, para la nueva Hilux y ampliación de la planta de Zárate; General Motors para el pro­yecto Fenix (nuevo Cruze y planta de motores) y Honda, para ensamblar en el país la nueva HR-V.Las automotrices han señalado en varias oportunidades que para lograr un ritmo de producción y ventas similar al de años anteriores necesitan fondos por U$S 300 millones mensuales, sin tener en cuenta la deuda que según señalan, han contraído con las otras filiales.

De acuerdo a una nota de Luis Kempa en La Voz del Interior, las automotrices radicadas en Córdoba des­vincularon en 2014 a casi 400 trabajado­res bajo formatos de retiros voluntarios y jubilaciones, aunque no se descarta que se hayan producido también algunos despidos o “no renovaciones”. Kempa señala que según fuentes del diario, Re­nault desvinculó a 200 trabajadores, la fábrica de camiones Iveco a 170 y Fiat Auto a 20 operarios, la gran mayoría bajo el formato de retiros voluntarios.

La vocera de Renault confirmó estos números y señaló que es lo normal en el funcionamiento de la planta de San­ta Isabel. Iveco (Fiat Chrysler), por su parte, fue de las automotrices que más sufrió la crisis de año pasado, ya que los planes de estímulo que implementó el gobierno brasileño la dejó fuera de com­petencia. En tanto Fiat Auto señala que no ha habido despidos, sólo retiros anti­cipados. La automotriz negaron algunas versiones sindicales que indicaban que en diciembre no se renovó contratos a un número no precisado de trabajadores, indicando que podría haber una confu­sión con proveedores que no dependen del grupo FCA.