“Piqueteros quieren suplantar al estado provincial en la toma de decisiones”

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corte_rutaAnte los acontecimientos que se suceden en la comunidad de Riacho de Oro, una protesta con corte de ruta por mucho tiempo, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca considero imprescindible que la Cámara de Diputados regule las protestas sociales, sobre todo por los cortes de transito, y perjuicios que se ocasionan a terceros.
Se resalto que en términos generales, la discusión sobre la protesta social es planteada como una cuestión de “colisión de derechos”. Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el Artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Es cierto entonces que, todos tenemos el derecho a protestar pero no cortando la calle y complicándole la vida a los otros y por ello es necesario algunas normativas de convivencia ciudadana, pues no es razonable que diez o quince personas corten una ruta o calle, por más razones atendibles que tengan”, se indico.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial se planteo que es necesario una regulación estatal que salga del Congreso de la Nación para canalizar este tipo de conflictos ya que los mismos en algunos casos pueden originarse quizás en cuestiones de índole económica, pero en otras lisa y llanamente como es el caso del corte de la Ruta Nacional Nº 95 de la Provincia de Formosa, se trata de “ piqueteros” que quieren sustituir al Estado Nacional y/o Provincial, y mediante extorsiones y agresiones, pretenden decidir a quién se les debe otorgar una vivienda social o quienes deben ser los docentes designados para una escuela. “Ellos mismos como grupo minúsculo no representan a toda la Comunidad de Riacho de Oro, y ejercen una fuerte discriminación y graves perjuicios a niñas, niños, adolescentes, adultos, personas discapacitadas que no comparten su visión de vivir al margen de la Ley”.
Estos piquetes han perdido toda legitimidad y son rechazados por nuestra sociedad y desde la Defensoría del Pueblo advertimos que el Régimen Penal Argentino establecido para los cortes de transito ha perdido sustento en los últimos tiempos ya que el Artículo 194 del Código Penal, no se hace cumplir por nuestra Justicia.
“En este contexto, entonces es necesario que todos pensemos como podemos armonizar los derechos en colisión y así consensuar una Ley de Convivencia en las Manifestaciones Públicas, sin que ello implique criminalizar la protesta, ni amedrentar a los actores sociales y menos aun acallar los reclamos populares, sino encontrar el marco o la norma donde el Estado garantice una convivencia pacífica”, afirmo el Defensor
Por otra parte, considero que “debemos también pensar en la manera en que nuestras instituciones de seguridad gocen de una legitimación suficiente siempre dentro de la Ley y que las ordenes de los jueces y su trabajo sea respetados ya que si pedimos que los imputados, procesados y condenados por este tipo de actividades ilícitas en participaciones de acciones colectivas, sean amnistiados; la ciudadanía sigue y continuara incrédula cada día que pase frente a los poderes estatuidos por la democracia”.