El secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, expuso un panorama crítico sobre la situación que atraviesan los trabajadores de la educación en la provincia de Formosa. Según afirmó, el sistema actual vulnera derechos fundamentales del sector, con salarios insuficientes, inestabilidad laboral y un marcado incumplimiento de las normativas vigentes que deberían regir la actividad docente.
Uno de los principales ejes de la denuncia se centra en la composición del salario docente. Pereyra sostuvo que una gran parte de los ingresos se paga mediante sumas no remunerativas, lo que impacta directamente en los aportes jubilatorios. De acuerdo a sus declaraciones, alrededor del 60% del salario se encuentra “en negro”, una situación que calificó como contradictoria frente a los principios de equidad que promueve el discurso oficial.
Para dimensionar esta problemática, el dirigente detalló que el sueldo básico de un maestro ronda los 330.000 pesos y que, sumando adicionales, alcanza los 450.000. Sin embargo, tras los descuentos, el ingreso efectivo queda considerablemente reducido, obligando a completar el salario con montos no registrados. Esta estructura implica que más de la mitad de lo percibido no se computa para aguinaldo ni jubilación, afectando el presente y el futuro de los docentes.
La situación también se extiende al plano institucional. Pereyra denunció la intervención prolongada de organismos clave como las juntas de clasificación y disciplina, lo que, según explicó, ha derivado en designaciones discrecionales y en la pérdida de transparencia en los ascensos. En ese sentido, advirtió sobre la proliferación de cargos asignados sin concurso y cuestionó la permanencia de autoridades “normalizadoras” durante años, lo que consideró un avasallamiento del estatuto docente.
Finalmente, el dirigente puso el foco en las dificultades cotidianas que enfrentan los educadores para cumplir con su trabajo, especialmente en contextos de conflictividad social y cortes de ruta. Aseguró que no existe una respuesta adecuada por parte de las autoridades ante estas situaciones, e incluso alertó sobre hechos de inseguridad que afectan tanto a docentes como a sus bienes. En este marco, reclamó medidas urgentes que garanticen condiciones dignas y seguras para el desarrollo de la tarea educativa.
