La diputada Agostina Villaggi afirmó que su alocución fue interrumpida tras fuertes cruces con el bloque oficialista. Aseguró que insistirá con la iniciativa, fundamentada en denuncias por presunta desobediencia judicial, falsificación de documentos y estafa procesal contra Myriam Radrizzani.
La diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi, sostuvo que el intento de avanzar en la Cámara de Diputados de Formosa con el pedido de juicio político contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Myriam Esther Radrizzani, fue interrumpido durante la última sesión legislativa y no se lo pudo tratar. El conflicto laboral y político en el recinto impidió el normal desarrollo de la presentación opositora.
Según su relato, el debate se vio alterado por cruces con el bloque oficialista y por la intervención del jefe de bancada del PJ, Agustín Samaniego. Esta situación derivó en la decisión del presidente de la sesión, Armando Cabrera, de dar por finalizado de forma abrupta su uso de la palabra y avanzar directamente con la votación del orden del día. La legisladora cuestionó la actitud del bloque oficialista durante la sesión, al señalar que se produjeron interrupciones constantes y que no se le permitió exponer en su totalidad los fundamentos del pedido. «Intentan llevar la discusión al griterío para que el tema no prospere», expresó Villaggi.
Los fundamentos judiciales detrás del pedido de destitución
Villaggi explicó que el planteo de la Unión Cívica Radical se basa en antecedentes judiciales vinculados a una disputa por la posesión de un inmueble. En dicha causa, según señaló la legisladora, la funcionaria Myriam Esther Radrizzani habría sido acusada de desobedecer medidas judiciales y de continuar con obras edilicias pese a existir una orden en contrario.
Asimismo, la diputada mencionó la existencia de un proceso civil y denuncias penales paralelas por presunta falsificación de documentación y estafa procesal. La legisladora sostuvo que estos elementos ya habían motivado un primer pedido de juicio político en el año 2022 y que, tras registrarse nuevos avances judiciales en las causas, decidieron insistir con la iniciativa para que finalmente se conforme una comisión investigadora en el ámbito legislativo.
El marco constitucional y la continuidad del reclamo opositor
En ese sentido, la diputada provincial argumentó que la Constitución provincial prevé explícitamente el mecanismo de juicio político para los funcionarios del Tribunal de Cuentas en casos de falta de idoneidad o presunta comisión de delitos dolosos, aclarando que la normativa habilita el proceso aun cuando no se cuente con una sentencia firme.
Finalmente, Villaggi afirmó que el bloque de la UCR insistirá con la presentación formal del pedido de juicio político en la Legislatura y que buscarán por todos los medios que el proyecto se someta a votación en el recinto. Sostuvo que la continuidad o no del proceso de remoción dependerá exclusivamente de la decisión de la mayoría legislativa o, en su defecto, de una eventual renuncia de la funcionaria implicada./ DiarioOpinion.
