Tras la contratación de Rafael Valim, la expresidenta acudirá a organismos supranacionales para denunciar parcialidad del poder judicial argentino y violación del debido proceso.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien en el marco de la denominada Causa Vialidad, se encuentra bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, contrató al abogado brasilero Rafael Valim para que se sume a su defensa ante organismos internacionales, así lo reveló el diario Folha de Sao Paulo, información que fue confirmada por la cadena de noticias CNN.
Junto al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, Valim se integrará al equipo jurídico de Cristina para intentar revertir ante tribunales internacionales, la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal Nº 2 el 6 de diciembre de 2022, confirmada el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara de Casación Penal y dejada firme el 10 de junio de 2025 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado brasileño es coautor del libro «Lawfare: Una Introducción», escrito en conjunto con la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins y el magistrado Cristiano Zanin, quien integra el Tribunal Supremo Federal de Brasil, y uno de los letrados que ejerciera la defensa del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las demandas relacionadas con la Operación Lava Jato.
Durante la causa judicial que terminó con la dos veces ex mandataria condenada, Fernández de Kirchner denundió entre otras cuestiones, que «si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″.
Vale recordar que el año pasado una vez que la Corte Suprema ratificara la condena, la defensa de Cristina anunció que acudiría a organismos internacionales para intentar revocar la decisión, alegando parcialidad del poder judicial argentino, la violación sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política./BaeNegocios
