El Ejecutivo postergó hasta octubre la actualización de los gravámenes sobre los combustibles líquidos y busca evitar un impacto inmediato en los precios.
El Gobierno postergó hasta el 1° de octubre la actualización de los impuestos a los combustibles, una medida que impacta directamente sobre los valores de la nafta y el gasoil. La decisión fue oficializada mediante el decreto 829, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y busca contener el impacto sobre la inflación.
La administración de Javier Milei resolvió diferir de manera total la actualización impositiva que debía comenzar a aplicarse desde este martes. Se trata de una estrategia que el Ejecutivo ya había utilizado en abril y junio, aunque en otras oportunidades había optado por aplicar solamente una parte de los incrementos pendientes.
El decreto establece que todas las actualizaciones quedarán aplazadas durante un mes. El objetivo oficial es evitar una presión adicional sobre los precios y reducir el impacto que un incremento de los combustibles podría generar sobre el resto de la economía.
La norma fue firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En sus fundamentos, el Gobierno sostuvo que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
El impuesto a los combustibles líquidos acumula varias actualizaciones que todavía no fueron trasladadas. Las subas pendientes corresponden a períodos de 2024, 2025 y dos trimestres de 2026, y están vinculadas con la evolución trimestral de la inflación. En particular, desde este martes debía comenzar a regir el incremento correspondiente al período abril-junio de 2026.
El tratamiento especial para el gasoil en el sur
El decreto también contempla un esquema particular para el gasoil destinado a una zona específica del país. La medida alcanza al área de influencia integrada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
También quedan comprendidos el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, la norma establece un tratamiento diferenciado para los combustibles destinados a esa región.
