El diputado provincial de la UCR Juan Carlos Amarilla cuestionó duramente el fallo del juez federal Pablo Morán que dio seis meses a Vialidad Nacional para reparar sectores de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. Apuntó contra el magistrado, el defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca y el Gobierno de Gildo Insfrán, y reclamó que también se investigue qué ocurrió con las millonarias obras viales financiadas por Nación durante los gobiernos kirchneristas, ejecutadas en territorio formoseño y que, según denunció, fueron certificadas pese a quedar inconclusas o presentar graves deficiencias.
La decisión del juez federal Pablo Fernando Morán de ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad que, en un plazo de seis meses, realice tareas de reparación, bacheo, sellado de grietas y mantenimiento sobre sectores de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 abrió un nuevo frente político en Formosa.
La medida fue dictada el 11 de septiembre, a partir de presentaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo y la Fundación Unidos por el Dolor, y amplió una cautelar anterior. El fallo comprende extensos sectores de los cuatro corredores nacionales y establece además que Vialidad deberá informar los avances realizados.
Pero el diputado provincial radical Juan Carlos Amarilla puso el foco en otro interrogante: qué ocurrió durante las décadas anteriores con las rutas construidas o intervenidas con millonarios recursos nacionales en Formosa y qué controles ejerció el Estado provincial sobre esas obras.
Para Amarilla, resulta llamativo que quienes hoy exigen respuestas inmediatas al Gobierno nacional no hayan mostrado la misma iniciativa frente al deterioro de rutas provinciales ni ante las denuncias que durante años cuestionaron contrataciones, certificaciones y obras inconclusas.
«El juez no puede desconocerlo»
«Veo en el fallo de Morán, cuanto menos, un enorme desconocimiento», cuestionó Amarilla.
Según el legislador radical, existen corredores cuyo problema excede largamente el mantenimiento actual.
Amarilla Cruzó a Morán y a Guialluca ¿Dónde estaban cuando se pagaban rutas que no se hicieron?
«Muchas de esas rutas, durante la gestión kirchnerista, nunca fueron concluidas, se pagaron y no se hicieron, o fueron mal construidas y están totalmente destruidas, como el caso de la Ruta 86, cuyo escandaloso estado de abandono es de larga data», sostuvo.
Y lanzó una de sus críticas más fuertes contra el magistrado:
«Eso el juez no puede desconocer. No le puede dar un plazo de seis meses para reparar una obra de 200 kilómetros que no se construyó o fue mal construida, mientras al Gobierno provincial, que debía controlar esas obras, nunca se lo investiga ni se lo intima a nada».
La resolución judicial, cabe aclarar, no ordena reconstruir integralmente 200 kilómetros de la RN 86: dispone trabajos de reparación, bacheo, relleno de pozos, sellado de grietas y mantenimiento en los sectores detallados de las cuatro rutas nacionales.
La Ruta 86 y el antecedente de Lázaro Báez
Amarilla recordó uno de los capítulos más controvertidos de la obra pública nacional ejecutada en Formosa durante el kirchnerismo: los trabajos sobre la Ruta Nacional 86 adjudicados a Sucesión Adelmo Biancalani , firma que había quedado vinculada al grupo empresario de Lázaro Báez.
Las tres licitaciones involucradas sumaban originalmente alrededor de $500 millones de aquella época . El entonces diputado nacional radical Martín Hernández denunció judicialmente esas contrataciones y cuestionó presuntos sobreprecios y el destino de los fondos.
Investigaciones periodísticas sostuvieron posteriormente que la contratista había recibido más de $372 millones mientras las obras terminaron inconclusas. Esas afirmaciones formaron parte de denuncias e investigaciones y no equivalen, por sí mismas, a una condena contra funcionarios provinciales.
Para Amarilla, justamente allí está la pregunta que nunca recibió una respuesta satisfactoria:
¿Quién controlaba en Formosa que lo certificado coincidiera con lo efectivamente construido?
La Ruta 23: una obra que años después debió volver a ponerse sobre la mesa
El diputado mencionó también la Ruta Provincial 23 , entre las rutas nacionales 81 y 86.
La documentación oficial confirma que se proyectó la pavimentación de aproximadamente 78 kilómetros entre Palo Santo y General Belgrano. En 2011, el Gobierno provincial registraba la obra con una inversión de $378 millones; posteriormente el presupuesto oficial provincial ya la ubicaba por encima de $513 millones. Años después, documentos nacionales contemplaron nuevamente su «finalización», con una inversión estimada superior a $6.682 millones.
La contratación original estuvo vinculada a una UTE integrada por CPC, empresa asociada a Cristóbal López, y Ruta 81 SRL. La controversia política posterior giró precisamente alrededor de cuánto se había pagado, cuánto se había ejecutado y por qué la ruta permaneció inconclusa.
La propia información empresarial disponible sobre una etapa posterior identifica como comitente a la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa , dato que Amarilla considera central para discutir las responsabilidades de control.
«¿Dónde estaba Vialidad Provincial?»
Ese es, para Amarilla, el corazón de la discusión.
El radical sostuvo que una parte considerable de la infraestructura vial ejecutada en Formosa mediante convenios con Nación necesariamente involucraba mecanismos provinciales de seguimiento y control.
«Vialidad Provincial tenía la obligación de inspeccionar en el territorio para certificar las obras que se ejecutaban», afirmó.
Y planteó:
«Acá hubo complicidad del Gobierno de Formosa en la ejecución de obras que no se hicieron o que se hicieron muy mal. ¿Dónde estaban las autoridades formoseñas para controlar que las obras se hicieran como correspondía?»
La acusación de «complicidad» pertenece a Amarilla y no constituye una conclusión judicial.
Sin embargo, está documentado que la Dirección Provincial de Vialidad intervino como organismo técnico, licitante o comitente en numerosas obras viales realizadas mediante convenios y financiamiento nacional. Por ejemplo, el propio Gobierno provincial informó que las repavimentaciones de las rutas provinciales 1 y 2 habían sido proyectadas y licitadas por la DPV y financiadas mediante convenio con Vialidad Nacional.
Amarilla sumó las rutas 2, 3, 9, 26 y 28
El legislador amplió su cuestionamiento a distintas rutas provinciales.
Mencionó la Ruta 2 , que según afirmó debió ser intervenida reiteradamente; la Ruta Provincial 3 , fundamental para conectar las rutas nacionales 81 y 86; la Ruta 9 , corredor productivo hacia El Colorado; y las rutas 26 y 28 .
La documentación oficial provincial confirma que durante aquellos años se ejecutaron importantes inversiones en varios de esos corredores. En 2010, por ejemplo, la DPV registraba simultáneamente obras sobre las rutas 9, 28 y 86, mientras que el Plan Estratégico Formosa 2015 contemplaba inversiones relevantes sobre las rutas 23, 24, 26, 28, 37 y 39.
La Provincia también informó que la RP 26 fue desarrollada dentro de un programa de infraestructura vial productiva con financiamiento externo y coordinación entre organismos nacionales y provinciales.
Amarilla sostuvo que el estado posterior de varios de esos caminos obliga a revisar no solamente cuánto se invirtió, sino la calidad de las obras, las certificaciones y los controles realizados antes de autorizar los pagos .
El cuestionamiento a Gialluca
El diputado radical dirigió otro fuerte reproche al defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca , impulsor de la presentación que desembocó en la ampliación de la cautelar.
«Qué bueno hubiera sido que por cada una de estas nueve o diez rutas que se construyeron acá y en las que se gastaron millones también se presentara ante la Justicia para pedir el ejercicio pleno de los controles que estuvieron ausentes», ironizó.
Gialluca sostiene actualmente que la conservación de las rutas nacionales corresponde a Vialidad Nacional y anunció que la Defensoría controlará el cumplimiento de la sentencia e impulsará nuevas acciones en caso de desobediencia.
Amarilla, sin embargo, considera que existe una doble vara institucional .
«Se pagó por algo que no debió pagarse. Para eso están los inspectores: tienen que controlar antes de certificar y, si la empresa no cumple, deben aplicarse las garantías previstas en los contratos», señaló.
JCR y los contratos millonarios
Otro nombre que apareció históricamente en las contrataciones formoseñas fue JCR , empresa vinculada a la familia Relats.
Investigaciones periodísticas estimaron que la compañía recibió contratos en Formosa por más de $2.800 millones de aquella época , aunque esas mismas investigaciones señalaron expresamente que la mayoría de las obras adjudicadas a JCR fueron finalizadas . Por eso, no corresponde colocar automáticamente todos esos contratos dentro de la categoría de «obras pagadas y no realizadas».
JCR registra, entre otras, obras sobre la Ruta Provincial 9 y trabajos sobre la Ruta 23, con la Dirección Provincial de Vialidad entre los organismos comitentes. La propia empresa informa que el tramo de 63 kilómetros de la RP 9 fue finalizado en 2011.
La discusión planteada por Amarilla es más amplia: reclama revisar el sistema de contratación, inspección y certificación que funcionó durante el período de mayor flujo de recursos nacionales hacia la infraestructura provincial.
«La ruta del dinero de la obra pública en Formosa»
Para el legislador radical, detrás del deterioro actual existe una investigación pendiente mucho más profunda.
No alcanza —sostuvo— con mirar los pozos existentes en 2026. Habría que reconstruir documentalmente cuánto se contrató, cuánto se certificó, cuánto efectivamente se pagó, cuánto se construyó y quién firmó cada certificado .
En ese eventual mapa deberían analizarse las contrataciones relacionadas con Lázaro Báez, Cristóbal López, JCR y otros contratistas , además de las actuaciones de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y los organismos responsables de inspeccionar las obras.
Amarilla lo sintetizó en una acusación política directa:
«Siempre sostuvimos que existe una enorme responsabilidad del Gobierno formoseño en la cartelización de la obra pública. Acá hubo complicidad en obras que no se hicieron o se hicieron muy mal».
Nuevamente, se trata de una imputación política del diputado y no de una responsabilidad penal establecida judicialmente.
El dardo final contra la Justicia
El tramo más duro de las declaraciones estuvo dirigido contra el funcionamiento de la Justicia formoseña y, particularmente, contra el tratamiento que recibieron las denuncias contra funcionarios públicos.
Amarilla sostuvo que existe una extendida desconfianza social hacia la Justicia provincial y también cuestionó la actuación de la Justicia Federal de Formosa en expedientes políticamente sensibles.
«Cuando hay una acusación contra funcionarios públicos por delitos económicos o cualquier otro delito, la mayoría ya sabe cuál va a ser la suerte de esa denuncia en el orden provincial: terminan desestimadas y archivadas», afirmó.
El diputado incluyó dentro de esa crítica las denuncias promovidas históricamente por la Unión Cívica Radical y cuestionó que Morán sea ahora contundente para fijarle plazos al Estado nacional mientras, según su interpretación, las causas que involucran al poder provincial no reciben idéntico tratamiento.
El fallo actual, sin embargo, tiene un objeto concreto: la seguridad de los usuarios y el deber legal de Vialidad Nacional respecto de las rutas nacionales. Morán sostuvo que el estado de los caminos no ofrece la seguridad necesaria y que su conservación constituye una obligación del organismo nacional.
La controversia que abre Amarilla es otra y apunta hacia atrás: si hoy se exige reparar lo destruido, ¿quién explica cómo se contrataron, ejecutaron, inspeccionaron y pagaron las obras que llevaron a esos corredores hasta su estado actual?
Para el radical, antes de reducir toda la discusión vial de Formosa a los últimos dos años de gestión nacional, existe una historia de décadas de inversiones, convenios, contratistas, certificados y controles que todavía merece ser esclarecida.
Y allí dejó planteada la pregunta que atraviesa toda su denuncia:
¿Quién controló a quienes construyeron las rutas de Formosa y quién autorizó pagar cuando las obras estaban inconclusas o deficientemente ejecutadas?/PrensaLibre
