La Confederación Frente Amplio Formoseño, en una acción de inconstitucionalidad sin precedentes, denuncia que la nueva cláusula transitoria de la Constitución provincial es un «fraude» diseñado para eludir un fallo de la Corte y permitir una novena candidatura de Gildo Insfrán. La demanda, un extenso y detallado documento, sostiene que la perpetuación en el poder viola los cimientos del sistema democrático y republicano.
La provincia de Formosa se encuentra una vez más en el epicentro de un debate constitucional que podría redefinir su panorama político y sentar un precedente para todo el país. La Confederación Frente Amplio Formoseño, una fuerza de la oposición, ha llevado el caso a la máxima instancia judicial de la República: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un documento legal robusto y meticulosamente argumentado, los apoderados Agostina Villaggi y Rodolfo Manuel Basques, con el respaldo de la Dra. Villaggi y el Dr. Richard Hernan Jaquet, han presentado una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad. El objetivo principal es claro y contundente: derribar la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de la provincia de Formosa, una disposición que, según la demanda, no solo es contraria a la Carta Magna Nacional, sino que es una «desobediencia insolente» a un fallo previo de la propia Corte Suprema.
El origen del conflicto: Un fallo burlado y una reforma a medida
El conflicto actual tiene su génesis en un antecedente judicial clave. El 19 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ya había emitido un fallo histórico que declaraba inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que habilitaba la reelección indefinida. Si bien aquella decisión permitió a Gildo Insfrán finalizar su octavo mandato, sentó las bases para la periodicidad y alternancia en el poder, pilares de la democracia.
Sin embargo, en lugar de acatar plenamente la sentencia, los demandantes afirman que la provincia de Formosa llevó a cabo una reforma constitucional que, aunque aparentemente limitaba los mandatos a dos, incluyó esta nueva Cláusula Transitoria Cuarta. El objetivo de esta disposición, según el escrito, era reinterpretar el mandato actual como si fuera el «primer mandato» del gobernador y vicegobernador. De esta manera, se habilitaría una novena candidatura consecutiva para el Sr. Insfrán y una tercera para Eber Solís, lo que la demanda califica como un «fraude constitucional» y una «burla evidente al fallo judicial».
Argumentos que cimientan la denuncia: La República en peligro
La extensa presentación legal profundiza en una serie de argumentos que buscan demostrar la urgencia e importancia del caso.
«La esencia de la República traicionada»: La demanda sostiene que la cláusula en cuestión «viola los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional». Estos artículos no son meros enunciados, sino que son la base misma de la República Argentina, al establecer un sistema de gobierno representativo y republicano. La alternancia no es un capricho, sino un mecanismo que previene la concentración de poder y garantiza la renovación de ideas y la legitimidad del sistema. La perpetuación de una misma persona en el poder por más de tres décadas, afirman los demandantes, «desvirtúa por completo» estos principios.
«Derechos Políticos pisoteados»: El escrito también se apoya en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que consagra el derecho a la participación política y a ser elegido en condiciones de igualdad. La demanda argumenta que al permitir una permanencia tan prolongada, se le otorga al oficialismo una «ventaja desleal» en la contienda electoral, con el uso de recursos públicos y una influencia desmedida que no permite un campo de juego equitativo para los opositores.
«Un sistema institucional colapsado»: La demanda no se limita a argumentos teóricos. Denuncia una «gravedad institucional» concreta en la provincia. Se afirma que la prolongada gestión de Insfrán ha afectado la división de poderes, con un Poder Ejecutivo que, según el documento, ejerce un control absoluto sobre el Legislativo y el Judicial, así como sobre la designación de magistrados y el manejo de los fondos públicos. En este contexto, la demanda sostiene que el Tribunal Electoral local, «supeditado al poder del gobernador», no podría garantizar una competencia leal, haciendo que la intervención de la Corte sea la única vía para evitar un «daño irreparable».
«La Corte como el último bastión de la Constitución»: La presentación justifica la competencia originaria de la Corte Suprema, señalando que el caso trasciende la jurisdicción provincial. La denuncia toca la esencia misma de los «principios republicanos», y es la Corte la que, como máximo garante de la Constitución, debe actuar para «custodiar» estos valores frente a la amenaza de la perpetuación en el poder. Se recuerda que la Corte ya ha intervenido en casos similares, como el de «Unión Cívica Radical de Santiago del Estero», sentando un precedente clave.
Una conducta «temeraria e insultante»: El pedido de intervención inmediata
Un punto crucial de la demanda es la solicitud de que la Corte no espere a la oficialización de las candidaturas. El documento argumenta que la cláusula ya ha entrado en vigencia y tiene «efectos jurídicos inmediatos y un destinatario claro», generando un «daño actual y concreto al sistema republicano».
La Confederación Frente Amplio Formoseño no escatima en adjetivos al calificar la conducta del gobierno provincial como «temeraria e insultante» contra el Poder Judicial de la Nación. Se sostiene que esta maniobra «carece de lógica o finalidad más allá de la habilitación de la reelección», y que la inacción de la Corte solo perpetuaría un estado de cosas contrario a la Constitución.
La demanda concluye con una poderosa afirmación: la Cláusula Transitoria Cuarta no tiene justificación jurídica y es un «fraude» para legitimar la permanencia en el poder. Se reitera que la Corte debe declarar su inconstitucionalidad para proteger la supremacía de la Constitución y garantizar la periodicidad y alternancia en los cargos, esenciales para la vida democrática del país. La decisión, afirman, tendrá una «trascendencia pública» que va más allá de un caso provincial, marcando un hito en la lucha por la defensa del sistema republicano.
Las pruebas y el ruego final a la Corte
Para respaldar cada uno de sus argumentos, la Confederación ha adjuntado una serie de pruebas contundentes, que incluyen:
- Documentación certificada que acredita la representación legal de los apoderados.
- Resoluciones oficiales que demuestran el reconocimiento de la confederación.
- El texto completo de la Constitución de Formosa con la cláusula impugnada.
- Despachos de la oposición de la Convención Constituyente.
- El enlace a la grabación de la sesión plenaria, para que el tribunal pueda constatar lo sucedido.
- Documentos oficiales como el despacho de comisión y el Boletín Oficial, que dan fe de la reforma.
En un petitorio final, los demandantes le ruegan a la Corte que se los tenga por presentados, se admita la acción y se le otorgue el trámite judicial correspondiente. Finalmente, que se dicte una sentencia que «declare la inconstitucionalidad» de la polémica cláusula. El futuro político de Formosa y la vitalidad de la República, una vez más, están en manos de los jueces del máximo tribunal./DiarioExpres
