Bajo el alarmante y ambiguo título de «tolerancia cero a la violencia digital«, la Municipalidad de Laguna Naineck difundió un comunicado que, lejos de defender la convivencia democrática, inaugura un peligroso camino de persecución simbólica, disciplinamiento social y criminalización de la palabra.
La pregunta central es inevitable: ¿qué entiende el intendente Julio «Yuyi» Murdoch por violencia digital? ¿La crítica? ¿Las denuncias periodísticas? ¿Las campañas de desprestigio, las noticias «maliciosas» o el «hostigamiento sistemático» a las autoridades? Conceptos vagos, elásticos y deliberadamente imprecisos que, en manos del poder, funcionan como una herramienta de censura encubierta.
El comunicado municipal habla de «injurias», «burla», «escrache» y «mentira», pero no distingue entre difamación real y el legítimo ejercicio del derecho a informar, opinar y denunciar.
Peor aún: amenaza con judicializar todo «agravio», advierte a administradores de medios y grupos digitales que serán «corresponsables» y anuncia que identificará a quienes practiquen «violencia digital disfrazada de sátira».
Traducido al lenguaje llano: el municipio se arroga la facultad de vigilar, controlar y eventualmente castigar lo que los vecinos dicen en redes sociales.
Eso no es defensa institucional. Eso es intimidación.
El acusador que persigue a sus acusadores
La gravedad se potencia cuando se observa quién firma este mensaje. Julio «Yuyi» Murdoch es el mismo intendente que, en un acto oficial transmitido por Canal 11 y la red de medios públicos, comparó a periodistas locales con quienes marcaban casas de judíos en el nazismo y con delatores de la última dictadura militar.
Lo hizo en una escuela pública, frente a niños, docentes y familias. Lo hizo desde un micrófono estatal. Lo hizo sin pedir disculpas.
También es el mismo funcionario que aparece en un video viral reconociendo, junto a otros médicos, haber firmado certificados truchos para el otorgamiento fraudulento de pensiones por discapacidad, maniobra en la que se menciona incluso al propio gobernador Gildo Insfrán.
Es decir: un intendente involucrado en uno de los escándalos más graves de corrupción sanitaria de la provincia, ahora pretende erigirse en juez moral de lo que se puede o no decir en redes.
El mensaje es claro: el problema no es la corrupción, el problema es que se sepa.
Informar no es traicionar
El discurso de Murdoch y el comunicado municipal construyen una narrativa peligrosamente fascistoide: presentan al periodismo crítico como enemigo interno, a los vecinos que opinan como agitadores, y a la información incómoda como «violencia».
Es la lógica clásica del autoritarismo: victimizar al poder, demonizar a la crítica y confundir deliberadamente la libertad de expresión con delito.
No es casual que el propio Murdoch haya hablado de «colaboracionistas», de «odio», de «resentimiento», y haya apelado a analogías históricas cargadas de violencia simbólica.
Tampoco es casual que esas palabras hayan sido aplaudidas por el gobernador Insfrán y su gabinete. El mensaje político es uno solo: quien incomoda, paga.
De las pensiones truchas al empleo como castigo político
El mismo intendente que ahora habla de «paz social» es el que, según denunció una joven estudiante universitaria, la humilló y le negó un trabajo por haber fiscalizado para otro partido. «Me castigó por pensar distinto», relató. Violencia institucional en estado puro.
En Naineck, el empleo público funciona como premio para los leales y castigo para los disidentes. Ahora, además, se suma una nueva capa: la palabra también será controlada.
Un municipio que amenaza a su gente
El comunicado no busca cuidar el debate público. Busca disciplinarlo. No busca defender derechos. Busca generar miedo.
Cuando un gobierno local advierte que va a documentar, identificar y judicializar expresiones en redes sociales, lo que está haciendo es enviar una señal intimidatoria a toda la comunidad: «cuidado con lo que decís«.
Eso no es democracia. Eso es vigilancia política.
La libertad de expresión no es un favor del Estado. Es un derecho constitucional. Y no necesita permiso municipal.
En Laguna Naineck, el problema no es la violencia digital. El problema es un poder que no tolera ser mirado, investigado ni cuestionado. Y que, en lugar de dar explicaciones, prefiere amenazar con tribunales.
Porque cuando el poder habla de «tolerancia cero», casi nunca es contra la violencia. Suele ser contra la verdad.
