La localidad de Gran Guardia y otros municipios atraviesan una de las crisis financieras e institucionales más graves de los últimos años, en un contexto que vuelve a poner en el centro del debate el esquema de concentración de recursos, poder y sometimiento que ejerce el gobierno provincial de Gildo Insfrán sobre los municipios del interior y la capital formoseña.
La situación expone con crudeza las consecuencias de un modelo político y administrativo profundamente centralista, que en una provincia donde el 94% de los recursos provienen de la coparticipación federal, concentra cerca del 90% de esos fondos en manos del Ejecutivo provincial, dejando a los 27 municipios apenas una fracción mínima para sostener sus estructuras básicas.
En ese marco, los municipios quedan reducidos a una dependencia casi absoluta de la «buena voluntad» del gobernador, condicionados por un sistema que premia la sumisión política y castiga cualquier atisbo de autonomía o disidencia.
Gran Guardia no es la excepción: sin la simpatia ni la asistencia financiera provincial, sin respuestas institucionales y bajo una campaña de desprestigio impulsada por referentes del oficialismo local, la comuna se encuentra virtualmente paralizada.
Mientras el gobernador Insfrán se jacta públicamente de mantener superávit fiscal, en el interior la realidad es dramática. Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante de Gran Guardia, Benjamín Salinas, quien asumió su cargo el pasado 10 de diciembre.
«Gran Guardia no ha podido hacer frente al pago de los sueldos de sus empleados. Los funcionarios y concejales aún no han cobrado sus dietas, que se adeudan desde mayo, y los empleados municipales llevan semanas sin percibir sus salarios de noviembre, diciembre ni el medio aguinaldo correspondiente«, afirmó Salinas. Y agregó: «La crisis se profundiza a medida que la administración local se niega a dar explicaciones claras sobre la situación financiera».
Paradójicamente, la figura del intendente Lázaro Caballero —padre del reconocido artista nacional Lazarito Caballero— también queda atravesada por esta crisis. El propio Lazarito logró consagrarse a nivel nacional por mérito propio, a pesar de haber sido marginado de los grandes escenarios provinciales luego de que un productor porteño hiciera pública la arista feudal del modelo político formoseño, lo que generó un evidente malestar en el oficialismo.
En el plano local, la gestión de Caballero asfixiado por laprovincia sumó decisiones que hoy aparecen como insostenibles: más de 50 empleados fueron incorporados a planta permanente y los sueldos de los funcionarios se incrementaron. Medidas que, sin respaldo financiero real ni asistencia provincial, terminaron por colapsar las raquíticas cuentas municipales.
Ante la falta de respuestas, los empleados municipales se autoconvocaron y, junto a comerciantes y vecinos, comenzaron a organizar ollas populares como parte de un plan de lucha para exigir el pago de los salarios adeudados.
«El Concejo Deliberante envió varios pedidos de informe al Ejecutivo Municipal solicitando explicaciones sobre la realidad financiera del municipio y los motivos de los retrasos en los pagos, pero hasta el momento la Municipalidad se ha negado a responder», denunció Salinas.
La combinación de desfinanciamiento estructural, concentración de recursos en el poder provincial y ausencia total de transparencia institucional está generando un clima de tensión social creciente en Gran Guardia. La crisis ya no es solo económica: es política, institucional y social.
Lejos del relato del «modelo formoseño», la situación de Gran Guardia desnuda una verdad incómoda: sin autonomía financiera real, sin distribución equitativa de los recursos y con un sistema que castiga a los municipios que no se alinean al poder central, el interior de Formosa queda condenado a la precariedad permanente.
Y la crisis, lejos de ser un hecho aislado, es apenas una consecuencia lógica de un esquema que hace décadas prioriza el control político por sobre el desarrollo de las comunidades./ PrensaLibre
