Al cumplirse 15 años de la represión policial del 23 de noviembre de 2010 en la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh —La Primavera—, su líder y qarashé, Félix Díaz, afirmó que la fecha «es un día de luto» y denunció que la comunidad continúa esperando justicia por el despojo territorial y los hechos de violencia que dejaron un profundo trauma colectivo.
«Hoy es un día de luto en nuestra comunidad. Un día como hoy fuimos reprimidos por la policía de Formosa sin orden judicial, cuando reclamábamos la devolución de nuestras 2.042 hectáreas entregadas a la familia Celia», expresó Díaz en un mensaje donde renovó sus críticas al gobierno provincial y a la falta de respuestas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El cacique señaló que, pese al paso del tiempo, los reclamos territoriales siguen sin resolverse: «Han pasado 15 años y la Corte todavía no dicta una resolución a favor de nuestra comunidad por las tierras que nos fueron arrebatadas por decisión del gobernador Gildo Insfrán», subrayó.
Un conflicto territorial que derivó en violencia extrema
El 23 de noviembre de 2010, la policía de Formosa llevó adelante un violento desalojo del corte de la ruta 86, que la comunidad mantenía desde hacía más de cuatro meses en reclamo de su territorio ancestral. La protesta se amparaba en la Ley de Emergencia Territorial, luego de que la provincia entregara 2.042 hectáreas a la familia Celia, de origen paraguayo y con fuertes vínculos políticos, y cediera otras 600 hectáreas a la Universidad Nacional de Formosa, también sobre tierras reclamadas por la comunidad.
Díaz recordó que la escalada represiva comenzó el 22 de noviembre, cuando el comisario Caje llegó al lugar tras una denuncia de la familia Celia por «daños a la propiedad privada». El líder Qom relató que ese día fue blanco de siete disparos, aunque ninguno lo alcanzó. En la intervención, policías provinciales abandonaron el lugar dejando dos armas reglamentarias tiradas en el suelo, sin que luego mediara investigación alguna.
«Ese 23 de noviembre vino un ejército»
Según el testimonio de Félix Díaz, el operativo del día siguiente fue abrumador:
«Vino el juez Julio Raúl Mauriño acompañado de cientos de policías, gendarmes, civiles, periodistas, ambulancias, colectivos llenos de efectivos y la montada. Era un ejército para desalojar el corte de ruta», describió.
El cacique cuestionó que nunca existió una orden de un juez federal para allanar o recuperar las armas arrojadas por los propios policías, lo que evidencia —dijo— el carácter irregular y político de la intervención.
La represión dejó una secuencia de violencia extrema: la comunidad fue atacada con balas de plomo, balas de goma, gases lacrimógenos, golpes de la montada y persecuciones dentro del monte. Varias casas fueron incendiadas, y mujeres y niños terminaron detenidos en camiones trasladados por la fuerza pública.
En ese marco, fue asesinado por disparos policiales el abuelo Roberto López. También falleció el oficial Eber Falcón, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. La comunidad denunció que la muerte del agente fue provocada por sus propios compañeros, pero la Justicia direccionó las investigaciones contra los Qom.
Al día siguiente, el 24 de noviembre, Mario López, del pueblo Pilagá, fue atropellado por un patrullero cuando se dirigía a solidarizarse con la comunidad.
Impunidad judicial y criminalización de las víctimas
Pese a la magnitud de la violencia ejercida, la Justicia formoseña nunca investigó las responsabilidades políticas ni policiales en la represión ni en las muertes de Roberto López y Eber Falcón. En cambio, el sistema judicial imputó a Félix Díaz y a más de veinte miembros de la comunidad por usurpación y otros delitos, causas que recién fueron desestimadas en 2012 por falta de pruebas.
«Nunca vimos transparencia ni voluntad de investigar a quienes nos atacaron. En cambio, los perseguidos fuimos nosotros», recordó Díaz.
Quince años después: resistencia y reclamo
A 15 años, la comunidad continúa sufriendo asedio político, vigilancia, presiones territoriales y falta de garantías para ejercer su posesión ancestral. Sin embargo, las luchas sostenidas —incluidos acampes históricos en Buenos Aires junto a los pueblos Pilagá, Nivaĉlé y Wichí— permitieron impulsar el debate por una Ley de Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas a nivel nacional.
«Hoy recordamos un día histórico para nuestra comunidad y para nuestro pueblo», cerró Díaz, reafirmando que el reclamo territorial sigue vigente y que la memoria de las víctimas continúa guiando la resistencia Qom./PrensaLibre
