Todas las claves del escenario judicial en medio de un escándalo con consecuencias impredecibles.
Alberto Fernández enfrenta dos procesos judiciales que lo exponen ante la opinión pública como presunto responsable de actos de corrupción y de violencia de género, todos hechos perpetrados mientras estaba en el poder. El escándalo crece más allá de los expedientes con consecuencias impredescibles, mientras que en los Tribunales recién se encuentra en su tramo inicial.
A partir de que en la causa Seguros Nación se conocieron las conversaciones detectadas en el celular de su secretaria privada María Marta Cantero, comenzaron a encadenarse una sucesión de medidas que dejaron a Alberto Fernández acorralado con una denuncia de Fabiola Yañez por violencia, acoso y terrorismo psicológico; y en consecuencia una orden de prohibición de salida del país, otra de restricción de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, y el secuestro de su teléfono personal tras el allanamiento a su domicilio en Puerto Madero.
Sus esfuerzos por negar los hechos parecen insuficientes ante la ola expansiva de fotos, chats y videos bochornosos. Sus adversarios aprovecharon la ocasión para condenarlo, sus antiguos amigos dejaron de ampararlo, tuvo que renunciar a la presidencia del Partido Justicialista, e incluso pidieron que le quiten la jubilación como ex presidente.
En medio de este escenario, Fernández designó como defensora a Silvina Carreira, especialista en derecho penal y de familia. La abogada solicitó que le permitan con urgencia tomar vínculo con las actuaciones a través del sistema informático judicial.
Por su lado, Fabiola Yañez eligió a Mariana Gallego, una abogada con activa experiencia en los medios de comunicación, quien viajó este fin de semana a España para encontrarse con su clienta, y preparar la declaración que permitirá ampliar los alcances de su denuncia.
Los próximos días serán claves para determinar el futuro de las dos causas radicadas en dos juzgados federales que comparten el mismo juez, Julian Ercolini, en el 11 -como subrogante- atendiendo el caso de los seguros, y en el 10 -como titular- con la investigación por violencia de género. Precisamente Ercolini acaba de ser confirmado por la Cámara de Casación, porque entendió que los argumentos de Alberto Fernández por temor de parcialidad son improcedentes.
Las claves del escenario judicial
En Seguros Nación el ex presidente está sospechado de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público, por firmar el decreto 823/21 que obligaba al Estado a contratar pólizas con Nación Seguros, encargada de dar participación a otras compañias en forma de coaseguro, lo que fue considerado como una maniobra para crear una caja de recaudación clandestina.
Otros imputados son el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero, y una treintena de productores de seguros, a los que podrían sumarse ex funcionarios del gobierno. El fiscal es Carlos Rivolo.
Esta investigación abrió una caja de Pandora que podría focalizarse en los mensajes obtenidos a través de los teléfonos que resultaron incautados en más de 20 allanamientos.
Por un lado, revelaron conversaciones e imágenes que le envió Fabiola Yañez a Maria Cantero, “que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género” y que ahora forman parte de otro expediente.
Por el otro, hay más de 470 páginas de conversaciones entre Cantero y su marido donde aparecen mencionados Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Santiago Cafiero, Julio Vitobello, Gabriel Katopodis, entre otros ex funcionarios. Los chats se refieren a supuestas gestiones de Cantero para facilitar acuerdos de contratación de pólizas con las aseguradoras que representaba Martinez Sosa.
A todo esto, la Cámara de Casación está a punto de resolver un planteo que definirá un pedido de Ercolini para disponer la inhibición general de bienes de 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos Alberto Fernández, el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa.
Violencia, hostigamiento y terrorismo psicológico
El 6 de agosto Fabiola Yañez llamó al juzgado de Ercolini para pedirle una audiencia. Estaba arrepentida de no haber denunciado a Alberto Fernández cuando el magistrado la contactó para mostrarle los chats del teléfono de Maria Cantero, que la mostraban como víctima de violencia de género.
En esa nueva conversación la ex primera dama manifestó estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico y acoso telefónico por parte de Fernández. También solicitó el cambio de custodia y que se dispongan medidas de protección en su favor que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor tanto personal como por medios electrónicos.
Ese fue el punto de partida de una causa sin precedentes en la historia de los presidentes argentinos. Alberto Fernández quedó imputado por violencia, hostigamiento y terrorismo psicológico, y preventivamente fue notificado de que tiene prohibición de salida del pais y no puede acercarse ni comunicarse con Fabiola Yañez.
Una vez que el caso fue a sorteo y el azar volvió a dejarlo en manos de Ercolini y el fiscal Ramiro González, el magistrado dictó el secreto de sumario para avanzar con nuevas medidas de prueba. La primera fue el allanamiento del domicilio de Fernández, del que se llevaron dos teléfonos celulares, una veintena de pendrives, 2 memorias y un ipad.
En estas horas Fabiola Yañez prepara con su abogada Mariana Gallego la ampliación de su denuncia, con el aporte de más pruebas de las agresiones que le atribuye a su ex pareja. La ex primera dama estaría en condiciones de acreditar que recibió golpes durante su embarazo. Posee registros fotográficos de los hematomas en su cuerpo.
Tal como se filtró a través de los chats, podría explicar que las discusiones se iniciaban porque recibía avisos sobre la infidelidad de Fernández, y cuando lo confrontaba el reaccionaba violentamente. Luego se afligía y enviaba mensajes prometiendo que no volvería a atacarla, que era el amor de su vida, y que si lo abandonaba, él se mataba.
Con todo el material disponible, Ercolini definirá si se queda con el caso, o si por razones de jurisdicción corresponde remitirlo a los tribunales de San Isidro. Por tratarse de violencia de género podría ser competencia de la justicia provincial ordinaria, que tiene sus propias fiscalías especializadas.
La expectativa de pena tratándose de posibles lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género podría ser de seis meses a dos años de prisión, que en el caso de confirmarse que hubo coacción, podría elevarse hasta seis años.
Otro tema pendiente es el rol de las personas que rodeaban a la familia presidencial en la Quinta de Olivos. Si tuvieron acceso a conocer el presunto padecimiento de Fabiola Yañez, habrían caído en incumplimiento de los deberes del funcionario público. En este sentido, ya existe una denuncia en el juzgado federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. (a24.com)
