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jueves 19, noviembre 2026.
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Amarilla cuestionó el manejo del Presupuesto provincial 2027 y anticipó que la UCR votará en contra

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El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Juan Carlos Amarilla, cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto de Presupuesto Provincial 2027, puso en duda los criterios de distribución de los recursos públicos y advirtió sobre las amplias facultades que se pretende otorgar al Poder Ejecutivo. Además, señaló diferencias en la asignación de fondos a los municipios, cuestionó la composición del empleo público y reclamó mayores mecanismos de control institucional.

Durante una entrevista en el programa radial por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, Amarilla confirmó que el bloque radical votará en contra del proyecto, al considerar que existen aspectos que afectan la transparencia y el equilibrio entre los poderes del Estado.

Cuestionamientos al tratamiento legislativo

El legislador criticó que el presupuesto, fechado el 30 de octubre, recién haya sido entregado a los diputados durante la reunión de comisión, pese a que anteriormente se habían realizado dos sesiones legislativas.

“No es posible que el presupuesto tenga fecha de ingreso 30 de octubre y que, después de dos sesiones, nunca haya tomado estado parlamentario. Lo normal es que se dé a conocer y se distribuyan los ejemplares a los bloques para su estudio”, sostuvo.

Amarilla remarcó que el proyecto contiene alrededor de 90 páginas y contempla una distribución de recursos superior a los cuatro billones de pesos, por lo que consideró indispensable un análisis serio y fundamentado.

“Estamos hablando de recursos de todos los formoseños. El estudio debe ser serio y la crítica tiene que estar debidamente fundada”, expresó.

La distribución de recursos y el reclamo por mayor federalismo

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al esquema de distribución presupuestaria entre los poderes del Estado y los municipios. Según detalló, el Poder Judicial recibe el 3,06% del presupuesto, el Legislativo el 1,12%, mientras que el Poder Ejecutivo concentra el 85,82%.

En cuanto a los municipios, indicó que la participación efectiva alcanza el 10%, aunque inicialmente se contempla un 12%, debido a que el 2% queda bajo la administración del Ministerio de Gobierno.

Para establecer una comparación, mencionó los porcentajes de coparticipación municipal de otras provincias: Jujuy distribuye el 17%, Tucumán el 16,5%, Chaco el 15,5%, Salta y Santiago del Estero el 15%, mientras que Misiones alcanza el 12%.

“Formosa es la provincia que menos reparte de coparticipación. No se puede hablar de federalismo mientras se sostenga un sistema de distribución absolutamente injusto”, afirmó.

También consideró insuficiente la asignación destinada al Poder Judicial, especialmente frente a las nuevas estructuras previstas en la reciente reforma de su ley orgánica.

Deuda pública y facultades del Poder Ejecutivo

Otro de los puntos señalados fue la previsión presupuestaria para el pago de servicios de la deuda pública durante 2027. Amarilla mencionó una partida de 1.132 millones de pesos, destinada a afrontar compromisos de capital e intereses.

Si bien reconoció que el monto resulta manejable en relación con el presupuesto total, sostuvo que su existencia contradice el discurso oficial sobre una provincia sin endeudamiento.

Asimismo, cuestionó la continuidad de los fondos fiduciarios y las facultades que se pretenden delegar al Poder Ejecutivo para modificar partidas presupuestarias, renegociar deudas y contraer obligaciones financieras.

“Los fondos fiduciarios representan estructuras paralelas al presupuesto que se sanciona y dificultan todavía más el control y la transparencia”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las autorizaciones previstas permitirían realizar modificaciones en materia de gastos, endeudamiento, intereses y administración de personal, además de asumir compromisos financieros con garantías de coparticipación federal.

“Estos superpoderes desnaturalizan el control que desde el comienzo tiene que ejercer el Poder Legislativo”, remarcó.

Preocupación por la composición del empleo público

Amarilla también analizó los números del personal de los tres poderes del Estado y del Tribunal de Cuentas. Según los datos del proyecto, existirían 15.183 trabajadores de planta permanente y 25.090 de planta temporaria, con un total de 40.273 empleados públicos.

El diputado señaló que, en comparación con el año anterior, la planta permanente registra una disminución de 478 trabajadores, mientras que la temporaria aumenta en 391.

Para el legislador, la diferencia entre ambas modalidades constituye un motivo de preocupación por sus consecuencias sobre la estabilidad laboral.

“La planta temporaria prácticamente duplica a la permanente. En la práctica, eso significa precarización laboral, porque los trabajadores dependen de decisiones discrecionales y se afecta su estabilidad”, manifestó.

También hizo referencia a los 982 cargos cuya cobertura estaría prevista mediante contrataciones directas en el ámbito judicial, y planteó interrogantes sobre los mecanismos de incorporación de personal.

Dudas sobre los controles del Tribunal de Cuentas

El diputado puso especial atención en los recursos humanos asignados al Tribunal de Cuentas, organismo responsable de fiscalizar el funcionamiento de los distintos poderes y de los municipios.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, el organismo cuenta con 271 trabajadores de planta permanente y 153 de planta temporaria.

Amarilla consideró necesario revisar si esa estructura resulta suficiente para garantizar controles efectivos sobre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los 37 municipios y comisiones de fomento de Formosa.

“Con esa cantidad de personal, el control corre el riesgo de convertirse en una cuestión formal y no en un control real”, advirtió.

La UCR votará en contra del presupuesto

Finalmente, Amarilla confirmó que el bloque radical rechazará el proyecto tal como fue presentado. Explicó que las objeciones no se limitan a las prioridades de asignación de recursos, sino que también alcanzan las facultades que se pretende conceder al Ejecutivo.

“Vamos a votar en contra. Hoy no solamente se discute el presupuesto, sino también si existe o no división de poderes”, aseguró.

El legislador sostuvo que las posibilidades de introducir modificaciones son limitadas debido a la mayoría oficialista en la Legislatura, pero afirmó que la oposición llevará sus cuestionamientos al recinto.

También comparó el tratamiento provincial con el debate del presupuesto nacional, donde se realizan reuniones de comisión con participación de funcionarios y legisladores.

Para Amarilla, la discusión presupuestaria debe garantizar información, participación y control, porque se trata de decisiones que comprometen el manejo de los recursos públicos y el funcionamiento institucional de la provincia./DiarioExpres