El abogado Beto Aranda se refirió al conflicto por tierras en el que está involucrada la familia Cano – Herrera, destacando la valentía de Alejandro, Iris y sus hijos ante las irregularidades en el manejo de tierras fiscales por parte de las autoridades provinciales.
«Cuando está la justicia a favor del Estado, toda la fuerza pública, la Policía, es muy difícil la soledad, pero yo destaco la valentía de Alejandro Herrera y toda su familia. Aguanta una embestida con toda la fuerza policial, la fuerza de seguridad de la provincia; realmente hay que valorarlo», expresó Aranda.
El conflicto se centra en un terreno colindante con el de la familia Herrera, adjudicado al hijo del exintendente de Villa Escolar, Miguel Insfrán. Según el abogado, Insfrán intentó ingresar equivocadamente al campo de Herrera, lo que generó el enfrentamiento. «De ninguna manera se ha verificado el delito de usurpación porque usurpación es cuando uno entra de manera violenta a un campo que no le pertenece, y en este caso la tierra pertenece a la familia Herrera», afirmó.
Aranda aseguró que el caso se resolvió a favor de su cliente: «Es un caso que han perdido en la justicia porque hemos demostrado claramente que el terreno que han comprado es otro, no el de los Herrera».
El abogado también denunció el accionar de Insfrán en el lugar: «Entró Miguel Insfrán con una topadora, pero es un lugar que no le corresponde, por lo que tendrá que responder por daño y perjuicio. Es absurdo, arbitrario y violento».
Asimismo, criticó duramente al Instituto de Tierras de la provincia, calificándolo como «una caja de Pandora». «Hay un autoritarismo total. Cuando los expedientes tendrían que ser públicos, los esconden. La actual interventora informa cuando quiere. Nosotros, que somos abogados en el ejercicio de la profesión, se nos niega el acceso a los expedientes. Antes los empleados te atendían en la oficina, y ahora armaron una mesa en la sala de espera».
Aranda cuestionó el manejo discrecional de las tierras fiscales: «Manejan las tierras fiscales a su antojo y probablemente están favoreciendo a los amigos del poder. Hace 20 años está intervenido el instituto, no se cumple con la ley y es un búnker donde se esconde todo lo que tenga que ver con la adjudicación de tierras fiscales en la provincia».
Por último, sugirió que las autoridades deberían verificar en terreno quiénes ocupan las tierras antes de tomar decisiones. «Tendrían que estar yendo a los lugares a verificar quiénes ocupan esos campos y regular la situación, en lugar de, sin tener conocimiento, emitir una resolución por foto satelital caducando la adjudicación a quienes ocupan ese campo», concluyó. //Opinion Ciudadana
