El menor, de 11 años, había escapado de la institución donde permanecía alojado y fue localizado tras una búsqueda encabezada por familiares y allegados. Su defensa cuestiona que se priorice la restitución sin una instancia previa de escucha y evaluación de las razones que motivaron su salida.
El caso de Ian, un niño de 11 años que permanece bajo protección institucional, volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que escapara de la residencia estatal donde se encontraba alojado y fuera encontrado posteriormente por familiares y allegados que participaron de su búsqueda. El episodio abrió un nuevo capítulo en una situación que ya había generado reclamos de su entorno familiar y puso nuevamente bajo la lupa las medidas adoptadas por las autoridades responsables de su protección. Para la representación legal de la familia, antes de ordenar su regreso debería determinarse qué llevó al niño a abandonar el establecimiento y garantizarse que pueda expresar, en condiciones adecuadas, aquello que está atravesando.
En las últimas horas, el Juzgado de Primera Instancia de Menores libró una Cedula de Notificación dirigida a Elena Marina Sandoval, madre del menor, y a sus abogadas patrocinantes, las doctoras Ana Gabriela Neme y Ethel Ailín Narváez. De acuerdo con la documentación difundida, la resolución dispone que Ian sea restituido a la residencia estatal, bajo apercibimiento y con habilitación de días y horas inhábiles. La medida generó una fuerte reacción por parte de la defensa, que cuestionó el modo en que se está abordando la situación.
La abogada Gabriela Neme sostuvo que el foco debería estar puesto en conocer la situación del niño y no exclusivamente en exigir a su madre el cumplimiento de una orden de restitución. La representación familiar afirma que existen antecedentes de denuncias por presuntos malos tratos y considera especialmente relevante que el menor haya abandonado nuevamente el lugar donde se encontraba alojado. Desde esa perspectiva, el pedido central es que Ian sea escuchado por profesionales especializados y que su relato sea valorado antes de adoptar nuevas decisiones sobre su permanencia en la institución. Se trata, aclaran, de un planteo que busca que las autoridades puedan evaluar las circunstancias concretas que rodean al menor.
La controversia vuelve así sobre uno de los principios fundamentales del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes: el derecho a ser oído y a que su opinión sea considerada de acuerdo con su edad y grado de madurez. La defensa sostiene que una fuga reiterada de una institución no debería ser analizada únicamente como un incumplimiento de las medidas dispuestas, sino también como una señal que requiere ser investigada. El interrogante planteado por la familia es concreto: si un niño abandona el lugar donde permanece bajo protección estatal, ¿no corresponde conocer primero las razones que lo llevaron a hacerlo? La respuesta, según los representantes de Ian, debería surgir de una evaluación seria, interdisciplinaria e imparcial.
Mientras el expediente continúa su curso, la familia reclama que la Justicia suspenda cualquier medida que pueda implicar una restitución forzosa hasta tanto se garantice una instancia adecuada de escucha del menor. El pedido apunta directamente a la magistrada interviniente y plantea que la protección de Ian debe contemplar no solo el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sino también su integridad, dignidad y bienestar. El caso vuelve a poner en discusión el desafío que enfrenta el sistema cuando la voz de un niño entra en tensión con las decisiones institucionales: garantizar que esa voz sea escuchada y evaluada con la seriedad que exige el interés superior del menor.
