El periodista Eduardo Feinmann abordó en Radio Mitre y A24 las graves acusaciones que sacuden a la Municipalidad de Clorinda y se hizo eco de la denuncia penal presentada por Miriam Filippini contra el intendente Ariel Caniza por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. El caso se suma a anteriores cuestionamientos por supuestos sobreprecios, compras millonarias, contrataciones amañadas y falta de transparencia en la administración municipal.
El intendente de Clorinda, Ariel Caniza, volvió a quedar expuesto ante la opinión pública nacional después de que el reconocido periodista Eduardo Feinmann retomara en sus espacios de Radio Mitre y A24 las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre la administración municipal y, particularmente, la reciente denuncia penal presentada por Miriam Filippini.
Esta vez, el centro del escándalo es una imponente construcción de tres plantas atribuida al jefe comunal, cuyo valor Filippini estima en más de 500 mil dólares, mientras que durante la presentación televisiva se habló de una obra que podría rondar los 800 millones de pesos.
Feinmann planteó crudamente la pregunta que atraviesa toda la denuncia:
«¿Cómo hacen estos tipos para construirse una casa de 800 millones con un sueldo de 5 millones por mes? ¿De dónde sacan la guita?»
La pregunta pone en el centro de la discusión pública algo que ahora deberá esclarecerse institucional y judicialmente: cuál es el origen de los fondos utilizados para semejante construcción y si existe correspondencia entre el patrimonio atribuido al intendente y sus ingresos declarados.
Una denuncia penal que ya tendría expediente
Durante la entrevista, Filippini aseguró que la presentación ya ingresó al ámbito judicial y que cuenta con número de expediente.
Según explicó, la denuncia apunta a Caniza por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La denunciante puso especialmente el foco en la construcción atribuida al intendente.
Según su descripción, se trata de una estructura de tres pisos levantada con materiales de primera calidad y cuya ejecución habría avanzado considerablemente durante los últimos meses.
Filippini fue todavía más contundente al calificarla como un «monumento a la corrupción y a la impunidad», expresión cuya responsabilidad corresponde exclusivamente a la denunciante y que sintetiza la gravedad de las sospechas que pretende llevar ante la Justicia.
Por ahora, una denuncia no equivale a una condena y será la investigación judicial la que deberá determinar si las acusaciones tienen sustento y eventualmente establecer responsabilidades.
Pero el problema político de Caniza es bastante más amplio: esta denuncia no aparece sobre un terreno virgen.
Caniza ya venía acumulando graves cuestionamientos
La administración municipal de Clorinda arrastra desde antes fuertes controversias relacionadas con el manejo de fondos públicos.
Ya en diciembre de 2024, concejales opositores reclamaron la intervención del Tribunal de Cuentas provincial para analizar procedimientos vinculados con compras millonarias de elementos para alumbrado público y decoración navideña. En aquel momento se denunciaron presuntas compras ficticias y sobreprecios por más de $200 millones solamente en determinados procesos administrativos.
Meses después, ante la falta de respuesta a pedidos de documentación, concejales acudieron al Superior Tribunal de Justicia para reclamar que el Ejecutivo entregara información sobre compras municipales. Entre los expedientes cuestionados aparecían adquisiciones de luminarias, cables y elementos decorativos por cifras millonarias.
Y las acusaciones continuaron durante 2026.
En julio, incluso el concejal justicialista Arturo Cabral denunció públicamente supuestos sobreprecios, contrataciones irregulares, empleados que no prestarían servicios y falta de transparencia en el manejo de recursos municipales.
Es decir, los cuestionamientos contra la gestión de Caniza ya no provienen exclusivamente de un único espacio opositor.
Caniza negó anteriormente las acusaciones
También corresponde señalar que el intendente ha rechazado anteriores denuncias contra su administración.
En mayo, frente a acusaciones por supuestos sobreprecios en obras públicas, Caniza sostuvo que se trataba de una campaña de «difamación mediática» relacionada con la interna del peronismo clorindense y aseguró que las cuentas municipales estaban disponibles para ser controladas por la oposición.
Desde el oficialismo municipal también salieron a defender la administración. El concejal Fernando Lagraña sostuvo en junio que las rendiciones de cuentas son sometidas al Tribunal de Cuentas y atribuyó las denuncias opositoras a una estrategia política destinada a desacreditar la gestión.
Esos argumentos, sin embargo, difícilmente alcancen para responder la nueva pregunta que acaba de adquirir dimensión nacional.
¿Cómo se financió la construcción atribuida al intendente?
Si Caniza puede acreditar legítimamente el origen del dinero, debería hacerlo y terminar con las sospechas. Si existen otros ingresos, patrimonio previo, créditos o cualquier fuente lícita que explique la obra, la documentación correspondiente debería permitir esclarecerlo.
Pero frente a una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, el silencio o las respuestas genéricas sobre persecuciones políticas ya no resultan suficientes.
De Clorinda a la televisión nacional
La intervención de Feinmann agrega un elemento particularmente incómodo para el oficialismo: el escándalo dejó de ser exclusivamente clorindense o formoseño.
Las acusaciones sobre el manejo de recursos municipales y el patrimonio atribuido al intendente llegaron ahora a medios nacionales.
Y llegaron mediante una imagen difícil de neutralizar políticamente: la de una enorme construcción de tres plantas contrapuesta con los ingresos que percibiría un funcionario público.
La Justicia deberá determinar si existe delito.
Pero políticamente la pregunta ya está instalada:
¿De dónde salió el dinero?
El contraste con las 300 familias
Filippini incorporó durante la entrevista otro elemento de fuerte impacto social.
Según denunció, mientras Caniza tendría a su disposición una construcción valuada en cientos de miles de dólares, más de 300 familias asentadas en Clorinda enfrentarían un intento de desalojo y reclamarían acceso a servicios esenciales como agua y energía eléctrica.
La afirmación también deberá ser contrastada con la documentación administrativa correspondiente y con la posición del Municipio.
Pero el contraste resulta demoledor desde el punto de vista político.
Mientras una parte de Clorinda reclama servicios elementales, el patrimonio atribuido a quien gobierna la ciudad termina convertido en objeto de una denuncia penal y llega hasta la televisión nacional.
Otra vez el dinero público bajo sospecha
Caniza tiene derecho a defenderse y la presunción de inocencia debe ser respetada.
Pero Clorinda también tiene derecho a conocer cómo se administra cada peso público y cómo evolucionó el patrimonio de quienes ejercen el poder.
Especialmente cuando existen antecedentes de denuncias por presuntos sobreprecios, compras cuestionadas y reclamos de acceso a documentación municipal.
La aparición de Feinmann amplificó nacionalmente un interrogante que la Justicia deberá investigar y que Caniza debería estar interesado en responder con documentos.
Porque detrás de las cifras, las denuncias y las acusaciones existe una pregunta extremadamente sencilla que ahora resuena mucho más allá de Clorinda:
«¿Cómo hacen estos tipos? ¿De dónde sacan la guita?»
Y mientras esa pregunta no tenga una explicación respaldada por documentación, el escándalo que rodea al intendente Ariel Caniza seguirá creciendo./DiarioOpinión
