La presentación penal impulsada por Juan Cruz Fernández y patrocinada por el abogado Juan Sebastián Montoya fue radicada ante la Justicia Federal de Formosa contra el intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza , funcionarios y empresarios. Se solicita investigar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, cohecho, encubrimiento y lavado de activos.
Una denuncia de 39 páginas, acompañada de documentación y pedidos de medidas de prueba, puso bajo la lupa de la Justicia Federal la administración municipal de Clorinda. La presentación alcanza al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, Juan Arturo Caniza, Víctor Fernando María Colcombet, Marta Mendoza, Diego Mendoza y Christian Fernando Rincón, además de quienes eventualmente pudieran resultar responsables.
El escrito judicial enumera como hipótesis delictivas incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, cohecho, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta, encubrimiento y lavado de activos. Será la Justicia la que deberá determinar si los hechos denunciados configuran esos delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Sobreprecios y contrataciones bajo sospecha
Uno de los puntos centrales es la contratación para colocar césped sintético en cuatro canchas de fútbol tenis. Según la denuncia, la Municipalidad habría comprometido $60.050.000, mientras que la presentación realiza comparaciones con valores de referencia sustancialmente inferiores y sostiene que la colocación habría sido ejecutada con personal y medios municipales.
Otro capítulo apunta al denominado «Monolito de la Fe». La denuncia consigna un costo total de aproximadamente $48 millones: $23.137.080 en materiales y $25 millones en mano de obra. Sobre este último monto, el escrito afirma que no pudo identificar contrato, orden de pago, factura ni comprobante que respaldara esa erogación y pide que la cuestión sea investigada.
También se describen contrataciones efectuadas en fechas cercanas por montos idénticos o prácticamente idénticos para prestaciones diferentes, circunstancia que los denunciantes consideran un indicio que debería ser sometido a investigación judicial.
El patrimonio del intendente, otro de los puntos señalados
La presentación incorpora imágenes de una propiedad ubicada en la esquina de San Vicente de Paul y Chaco, identificada por los denunciantes como vinculada al grupo familiar de Caniza.
Según la documentación aportada, el inmueble habría pasado, entre abril de 2024 y septiembre de 2026, de una construcción precaria de un nivel a un edificio de al menos tres plantas, con locales comerciales, por lo que se solicita investigar el origen de los fondos utilizados y cotejar el costo de la construcción con los ingresos declarados por Caniza y su grupo familiar.
Montoya: «No parecería ser un error administrativo aislado»
En declaraciones a Radio Parque 89.3, el abogado Juan Sebastián Montoya sostuvo que el análisis de los expedientes habría permitido detectar un patrón reiterado.
«Cuando uno cruza expediente por expediente, lo que aparece no parecería ser un error administrativo aislado, sino algo más sistemático».
Montoya explicó además que la denuncia fue presentada en el fuero federal por la hipótesis de lavado de activos y porque solicitaron establecer si algunas de las contrataciones cuestionadas fueron financiadas con recursos provenientes de partidas nacionales.
Piden una pericia sobre el gasto municipal
La dimensión de las medidas solicitadas constituye otro punto relevante de la presentación. Los denunciantes pidieron una pericia contable oficial que reconstruya las erogaciones municipales, compare precios contratados con valores de mercado, determine si existió fraccionamiento de contrataciones y analice la evolución patrimonial de funcionarios y particulares denunciados.
También solicitaron informes a organismos fiscales y registros patrimoniales, el levantamiento del secreto bancario, información del Tribunal de Cuentas provincial y documentación completa de expedientes de compras y contrataciones municipales. Además, requirieron allanamientos y secuestro de documentación y dispositivos vinculados con los hechos denunciados.
La presentación quedó formalmente recibida en la Unidad Fiscal Formosa, según consta en la última página del escrito. Ahora será el Ministerio Público Fiscal y, en su caso, la Justicia Federal quienes deberán evaluar la denuncia, producir las medidas que correspondan y determinar si las graves hipótesis planteadas tienen sustento penal./PrensaLibre
