Ante el éxodo de profesionales y el deterioro de la atención médica, el bloque radical en la Legislatura formoseña respalda los reclamos de la Federación Médica y ACLISA. Un proyecto de la diputada Carla Zaiser propone actualizar y transparentar los aranceles que paga la obra social estatal.
La situación del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) atraviesa un punto crítico que ya no solo moviliza a los profesionales de la salud, sino también al arco político opositor. En un intento por frenar el retiro masivo de prestadores y garantizar el derecho a la salud de los trabajadores estatales, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió respaldar institucionalmente los reclamos de la Federación Médica de Formosa y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA).
Un proyecto para frenar el desfinanciamiento del sistema
El eje de esta iniciativa es un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Carla Zaiser, que cuenta con el respaldo unánime del bloque radical en la Cámara de Diputados. La propuesta busca establecer un régimen de actualización, recomposición y adecuación de los aranceles que el IASEP abona a los prestadores de salud en toda la provincia.
Según se desprende de los fundamentos del proyecto —ingresado formalmente en noviembre de 2025—, la brecha entre los costos reales de funcionamiento de clínicas y consultorios y los montos que paga la obra social estatal se ha vuelto insostenible. La iniciativa no apunta solo a un ajuste coyuntural, sino a la creación de una estructura que otorgue previsibilidad y estabilidad al sistema sanitario privado formoseño.
Dignidad profesional y calidad de atención
Al referirse a los objetivos centrales de la propuesta, la diputada Zaiser fue categórica: «Buscamos garantizar honorarios profesionales dignos, asegurar la continuidad de la atención médica y preservar la calidad de las prestaciones que reciben los afiliados del IASEP».
Para la legisladora, el conflicto excede largamente una discusión salarial. La falta de actualización arancelaria genera un efecto dominó que compromete a todo el sistema de salud: los profesionales dejan de atender por la obra social, los hospitales públicos se ven desbordados y miles de afiliados quedan con una cobertura meramente formal.
Cifras alarmantes en áreas sensibles
Uno de los aspectos más preocupantes que expone el proyecto es la situación de los profesionales de la salud mental. En la actualidad, el IASEP abona alrededor de $6.000 por consulta, un valor que representa apenas entre el 25% y el 30% de lo que reconocen otras obras sociales y prepagas.
A este atraso se suma una traba administrativa clave: los cupos mensuales de facturación. Estos límites obligan a los profesionales a suspender la atención una vez alcanzado el tope, o a continuar trabajando sin percibir honorarios, lo que impacta directamente en la continuidad de los tratamientos y en la salud de los pacientes.
Respaldo político a los reclamos del sector
La iniciativa legislativa se enmarca en un reclamo sostenido de las entidades que agrupan a los prestadores de salud. Zaiser destacó que el proyecto acompaña formalmente «el reclamo de la Federación Médica, firmado por su presidenta, la doctora Leila Carabajal, y de ACLISA, a través de su titular, el doctor Rodolfo Lesbegueris».
Este alineamiento entre legisladores y organizaciones médicas busca presionar por una solución estructural que ponga fin a la discrecionalidad en la fijación de aranceles y en los pagos del Instituto.
Un debate clave en la Legislatura
Para finalizar, la diputada advirtió que la crisis del IASEP exige una mirada de largo plazo que, hasta el momento, el Gobierno provincial no ha abordado. «El fortalecimiento del sistema provincial de salud requiere una recomposición arancelaria seria, previsible y transparente, que permita sostener a los prestadores dentro de la obra social y garantizar una atención de calidad para los afiliados», sostuvo.
El debate ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá definir si da tratamiento a una ley que los profesionales consideran imprescindible para evitar el colapso definitivo de la obra social más grande de la provincia./OpiniónCiudadana
