El Gobierno sostiene que un decreto habilita esos vuelos, pero la oposición pidió explicaciones porque asegura que los viajes no tuvieron que ver con la gestión e incluyeron fines de semana, Navidad y Año Nuevo. TN accedió a todos los detalles de los 21 traslados de la Vicepresidenta en el Tango 04, 10 y 11 durante 2021.
83.288 kilómetros, el equivalente a seis viajes desde la Argentina a Rusia. Esa es la distancia total que recorrieron en 2021 los aviones de la Flota Aérea Presidencial y una aeronave de la empresa YPF para llevar y traer a Cristina Kirchner desde y hacia Río Gallegos y El Calafate, su “lugar en el mundo”.
TN accedió a documentos oficiales que exponen que para llevar y traer a Cristina Kirchner el Estado gastó el año pasado $16.590.000 solo en el combustible y el pago de tasas de las aeronaves Tango 04, 10, 11; y un Learjet de la firma YPF que también fue contratado en cuatro oportunidades para los traslados de la Vicepresidenta.
Fueron en total 21 operaciones que en muchos casos -19 casos- se realizaron pese a que Cristina Kirchner no tenía agenda o actividad oficial en el sur, lo que generó críticas de la oposición y un pedido de informes por parte del bloque de Juntos por el Cambio.
El Gobierno sostiene que los vuelos de Cristina Kirchner están habilitados por dos decretos firmados por Alberto Fernández en diciembre y marzo de 2020. Entre los viajes analizados solo dos podrían justificarse: un vuelo que realizó cuando ejercía la Presidencia en forma transitoria y otro que hizo para inaugurar una zona franca en Santa Cruz.
Los vuelos de Cristina Kirchner: fines de semana largos, Navidad y Año Nuevo
Los documentos demuestran que hubo viajes en fechas que coincidían con fines de semana largos, en los que la Vicepresidenta hizo mover la flota desde Buenos Aires para recorrer los poco más de 300 kilómetros que separan El Calafate de Río Gallegos y vuelos para pasar la Navidad y el Año Nuevo en el sur del país.
TN realizó una radiografía del uso que Cristina Kirchner le dio a los aviones oficiales, operaciones que el Gobierno justifica con un decreto (194/2020) que se creó en marzo de 2020 a pocos meses de la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, pero la oposición cuestiona con fuerza ese argumento. (tn.com)
