El Ministerio de Capital Humano pidió formalmente al Ministerio de Cultura y Educación de Formosa que investigue lo sucedido en la EPEP N.º 59 «Leonor Mauriño», de Gran Guardia, donde una delegada zonal fue filmada vinculando ante alumnos la entrega de guardapolvos, zapatillas, útiles y el comedor escolar con el gobernador Gildo Insfrán. La cartera nacional calificó el episodio como un «hecho de gravedad institucional» y reclamó conocer qué medidas adoptará la Provincia.
La polémica desatada por los videos registrados en una escuela primaria de Gran Guardia trascendió las fronteras de Formosa y provocó este lunes la intervención del Ministerio de Capital Humano de la Nación , que reclamó formalmente al Gobierno provincial la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.
El episodio ocurrió en la EPEP N.º 59 «Leonor Mauriño» y tiene como protagonista a Gladys Esther González , delegada zonal del sistema educativo provincial, quien aparece en una grabación hablando ante alumnos y docentes.
En las imágenes, González pregunta a los niños quién les entregó los guardapolvos y posteriormente orienta la respuesta hacia el Gobierno provincial y el nombre del gobernador Gildo Insfrán . También menciona las zapatillas, los útiles, la leche y la comida escolar y afirma que esos recursos responden a una decisión política del mandatario provincial.
La controversia aumentó por otro momento de la grabación: cuando los alumnos no identificaron inmediatamente al gobernador, la delegada se dirigió a los docentes y señaló que era una cuestión que debían «trabajar».
CAPITAL HUMANO: «HECHO DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL»
Tras la repercusión nacional de las imágenes, el Ministerio de Capital Humano solicitó al Ministerio de Cultura y Educación de Formosa que inicie una investigación para determinar lo ocurrido.
Además, Nación pidió que la Provincia informe qué medidas adoptará respecto de las autoridades involucradas y cuáles son los mecanismos actualmente existentes para prevenir y sancionar episodios de adoctrinamiento político partidario dentro de los establecimientos educativos.
La cartera nacional consideró que la utilización de una escuela para exaltar a una autoridad política en funciones constituye un «hecho de gravedad institucional» , y sostuvo que este tipo de situaciones vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y puede comprometer la libertad de conciencia de los estudiantes.
LA DENUNCIA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO
El caso había sido denunciado públicamente por las diputadas provinciales de la UCR Agostina Villaggi y Carla Zaiser , quienes difundieron y cuestionaron los videos.
Villaggi sostuvo que los elementos entregados a los estudiantes son financiados por el Estado y no por un funcionario en particular, mientras que Zaiser calificó lo sucedido como una intervención política dentro de la escuela y cuestionó una supuesta «bajada de línea» sobre alumnos y docentes. Ambas expresiones corresponden a la posición de las legisladoras opositoras frente al episodio.
Zaiser adelantó además que analizará junto con abogados eventuales acciones administrativas y judiciales , incluyendo la posibilidad de solicitar un sumario para determinar responsabilidades.
TAMBIÉN CUESTIONARON CÓMO HABLÓ SOBRE EL SUICIDIO
Las legisladoras objetaron asimismo otro segmento de la intervención de González, en el que la funcionaria habló ante los alumnos sobre salud mental y prevención del suicidio.
En ese tramo, la delegada mencionó la necesidad de valorar la vida y afirmó que existen especialistas para asistir a quienes atraviesen dificultades. Zaiser cuestionó la forma utilizada para abordar una problemática de semejante sensibilidad frente a niños y reclamó preparación específica para tratar estos temas dentro de las escuelas.
AHORA FORMOSA DEBERÁ RESPONDER
La novedad central es que el episodio dejó de circunscribirse a la denuncia de legisladoras provinciales: el Gobierno nacional formalizó un requerimiento de información y pidió una investigación a las autoridades educativas formoseñas .
Por tratarse la educación primaria de una competencia provincial, el requerimiento nacional no equivale por sí mismo a una sanción o intervención sobre la escuela. El paso inmediato reclamado por Capital Humano es que la Provincia investigue los hechos, determine las eventuales responsabilidades e informe cuáles son sus mecanismos para prevenir situaciones de propaganda político-partidaria en las aulas./OpinionCiudadana
