Mientras un nuevo parte oficial reivindica al PAIPPA como una política de «justicia social», «desarrollo en las chacras» y «soberanía alimentaria», la realidad que describen quienes producen en el interior formoseño expone otro escenario: falta de agregado de valor, mercados desprotegidos y economías regionales que continúan perdiendo terreno.
Cada comunicado oficial parece dibujar una provincia distinta a la que describen quienes todos los días trabajan la tierra.
Esta semana, el Gobierno de Formosa volvió a presentar al PAIPPA como una política «revolucionaria» que garantiza desarrollo en las chacras, fortalece el cooperativismo y consolida la soberanía alimentaria. El motivo fue una jornada realizada junto a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), donde funcionarios y autoridades académicas destacaron la articulación institucional y el trabajo con productores.
El mensaje oficial habla de eficiencia productiva, innovación, capacitación y fortalecimiento del campo formoseño.
Sin embargo, alcanza con escuchar a los propios productores para advertir que entre ese discurso y la realidad existe una distancia cada vez más difícil de ocultar.
En los últimos meses, El Comercial y Radio Uno recogieron los testimonios de trabajadores rurales que expusieron problemas estructurales que siguen sin encontrar respuestas.
Los productores de batata describieron una situación que resume buena parte del problema productivo provincial: Formosa produce, pero otros industrializan, envasan, comercializan y obtienen la mayor rentabilidad. El valor agregado sigue cruzando las fronteras provinciales mientras aquí queda apenas el esfuerzo de producir la materia prima.
Es decir, la provincia genera riqueza, pero esa riqueza termina consolidándose en otro lugar.
La historia se repite con la banana.
Productores formoseños reclamaron públicamente que se haga cumplir la normativa para limitar el ingreso de bananas importadas cuando ello perjudica directamente la comercialización de la producción local. Denunciaron una competencia desigual que termina castigando a quienes invierten, producen y generan trabajo dentro de la provincia.
Son reclamos concretos.
No piden discursos.
Piden mercados donde vender, reglas que se cumplan, protección frente a la competencia desleal y herramientas para que el valor agregado deje de emigrar.
Por eso, cada vez que el Gobierno difunde comunicados celebrando el éxito del modelo productivo, inevitablemente aparece la misma pregunta: si el sistema funciona tan bien como se afirma, ¿por qué los productores siguen denunciando los mismos problemas desde hace años?
La capacitación es necesaria.
Las universidades también.
El cooperativismo puede ser una herramienta valiosa.
Pero ninguna de esas políticas reemplaza la necesidad de resolver los problemas que condicionan la rentabilidad de las economías regionales.
Mientras los comunicados oficiales destacan reuniones, convenios y aniversarios, en las chacras la discusión sigue siendo mucho más básica: cómo vender, cómo competir y cómo evitar que la rentabilidad del trabajo formoseño termine beneficiando a otras provincias o quede desplazada por productos importados.
Quizás allí esté la mayor contradicción del modelo.
El relato institucional habla de soberanía alimentaria.
Los productores, en cambio, siguen reclamando soberanía económica para poder vivir de aquello que producen. /ElComercial
