El Gobierno de Javier Milei inició una auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), citando a 300,000 beneficiarios para verificar si realmente necesitan el beneficio. Esta medida, que forma parte de un análisis más amplio que abarcará más de un millón de casos, comenzó con el envío de cartas documentos a beneficiarios en varias provincias, incluyendo Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
El objetivo de esta auditoría es asegurar que las pensiones se entreguen de manera justa y solo a quienes las requieren. Según el Ministerio de Salud, no hay un perfil específico para la selección, sino que se están auditando pensiones otorgadas entre 2020 y 2023, con un enfoque particular en las asignadas durante el gobierno de Alberto Fernández. La auditoría es una respuesta a las irregularidades detectadas en el proceso de entrega de pensiones.
Los beneficiarios deberán asistir a las citaciones programadas a partir de marzo, y se les otorgará un plazo de 30 días para presentar la documentación médica relacionada con su incapacidad laboral. Esto se podrá hacer de forma online a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD) – https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, en «Tramite Presentación de Documentación para Pensión Invalidez – Auditoria Andis»,o en oficinas de ANSES, aunque la inasistencia podría llevar a la suspensión de su pensión.
Por último, la auditoría se extenderá a todo el padrón de beneficiarios y se puso en marcha luego de detectar irregularidades en la asignación de pensiones anteriores, especialmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En una revisión previa, se encontró que muchos beneficiarios no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al beneficio. (con información del diario Clarin)
