El Gobierno amplió por decreto el listado de actividades esenciales y exigirá una cobertura mínima del 50% al 75% durante conflictos gremiales.
El Gobierno nacional dispuso este martes una modificación sustancial del régimen de huelga en la Argentina, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, que modifica el artículo 24 de la ley 25.877 y amplía el listado de actividades consideradas «esenciales» o «de importancia trascendental». La norma impone nuevas exigencias de funcionamiento durante conflictos sindicales y limita el alcance de las medidas de fuerza.
Según el artículo 3 del DNU publicado en el Boletín Oficial, “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”. En el caso de los servicios esenciales, se establece que “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio”. Para las actividades trascendentales, el mínimo obligatorio será del 50%.
La medida reactiva parcialmente el contenido del DNU 70/23 —rechazado por amplios sectores judiciales y legislativos— e introduce nuevas condiciones mediante una norma que forma parte del paquete de desregulación del sector de la marina mercante. Organismos sindicales y constitucionalistas anticipan cuestionamientos por el uso de una vía excepcional para reformar garantías laborales.
La nueva redacción del artículo 24 precisa una larga lista de servicios esenciales que deberán mantener la cobertura del 75%. Entre ellos se incluyen los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; la producción y distribución de agua, gas y electricidad; las telecomunicaciones, incluido internet; el control del tráfico aéreo y portuario; los servicios migratorios, aduaneros y vinculados al comercio exterior; la educación en todos los niveles hasta el secundario y la educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías, junto a los servicios offshore.
Por otra parte, se catalogaron como actividades de importancia trascendental —sujetas al mínimo del 50%— la producción de medicamentos; el transporte terrestre y subterráneo; los servicios de radio y televisión; las industrias continuas como la siderurgia, la química, la cementera y la alimenticia; la distribución de materiales de construcción; la actividad frigorífica y agropecuaria; los servicios aeroportuarios, bancarios, logísticos, hoteleros y gastronómicos; el comercio electrónico y toda producción afectada a compromisos de exportación.
El decreto también crea una Comisión de Garantías autónoma compuesta por cinco expertos en derecho laboral o constitucional, que podrá ampliar el listado si se verifica que una interrupción en el servicio pone “en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona”, afecta un “servicio público de utilidad pública”, “provoca una situación de crisis nacional aguda” o “afecta metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Más voces contra el decreto
El titular de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, fue uno de los primeros dirigentes sindicales en pronunciarse en contra del decreto. “El Gobierno intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”.
La CGT, principal central sindical del país, rechazó la medida y convocó a una huelga general de 24 horas. En un comunicado, la CGT expresó: “Paramos ante una desigualdad social intolerable y un Gobierno que no atiende nuestros reclamos. Paramos para exigir mejores ingresos”.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se sumaron a la protesta. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, declaró: “Después de esta medida, tienen que apagar la motosierra. Se terminó, no hay espacio para más recortes”.
La diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, criticó el decreto al afirmar: “Creo que el gobierno de Milei ha decidido que va a ajustar con el sueldo de los jubilados”.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) también se pronunció en contra del DNU, señalando: “Ante un Gobierno que empobrece a trabajadores y jubilados, promueve aumentos de precios y fuga de capitales, con paritarias congeladas e intentos de privatización de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, seguiremos construyendo la resistencia y la unidad”. (baenegocios.com)
