La señal Crónica TV se hizo eco de la noticia e información del caso y dedicó un programa completo para analizar lo acontecido, revelando sospechas de una red de trata, complot judicial e inacción estatal.
La consternación sacude a la provincia de Formosa tras la difusión nacional de la denuncia por la presunta venta e investigación sofocada de un recién nacido. El caso, originado en la localidad de Riacho He-Hé —a pocos kilómetros de Clorinda y cercana a la frontera con Paraguay—, involucra sospechas sobre redes transfronterizas de trata de personas, un abrupto archivo de las actuaciones judiciales y acusaciones de complicidad con la estructura del poder político provincial. La señal televisiva Crónica TV dedicó un espacio central a desgranar los pormenores de una causa que genera un hondo rechazo en la opinión pública.
La denuncia inicial y el giro del discurso
El conflicto se desencadenó cuando José Carlos Manuel Velázquez, expareja de la mujer acusada y padre de la criatura, regresó a su domicilio tras una jornada laboral y advirtió que la gestación de su hijo había concluido sin la presencia del recién nacido. En un primer momento, la mujer sostuvo haber perdido el embarazo. Sin embargo, ante el avance del reclamo y la posterior intervención policial, mudó drásticamente su testimonio para aseverar que jamás estuvo embarazada.
Esta versión contrasta con numerosa evidencia testimonial y fotográfica disponible que acredita una gestación en estado avanzado. Fotografías de la mujer tomadas en mayo muestran una panza de al menos cinco meses de desarrollo, proyectando el término de la gestación para los primeros días de julio. Según expuso el denunciante en el piso periodístico: «Ella en un momento me había dicho que quería hacer un contrato conmigo para quedarme con la criatura. Siempre tenía miedo de que mi bebé fuera llevado a Paraguay».
El relato cobra mayor dramatismo al detallarse los sucesos acontecidos durante la madrugada del 1 de julio: «A la 1 de la mañana la buscó un vehículo; ella tuvo contracciones y a mi bebé se lo sacaron a la fuerza. Cuando le dije que iba a dar la declaración ante el juez, me dijo: ‘Bueno, hacé lo que vos quieras, total yo pocos años voy a vivir’. Mientras tanto, su hijo de 17 años ya tenía la vida resuelta».
La secuencia de contradicciones no se detiene allí. La convivencia cotidiana entre Velázquez, la mujer y el hijo menor de esta permitía constatar día a día la evolución del embarazo. El propio denunciante remarcó que durante las semanas previas a la desaparición se habían comprado prendas de vestir para el bebé, coordinado visitas familiares y acondicionado la habitación para la llegada del recién nacido.
Denuncias de encubrimiento y archivo judicial express
A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía provincial optó por desestimar la denuncia y archivar las actuaciones bajo la carátula genérica de averiguación de delito, desestimando de plano el pedido del padre para constituirse como parte querellante. La decisión judicial fue rubricada con notable celeridad el mismo día en que la causa comenzó a tomar estado público nacional.
Durante la emisión del programa, la diputada nacional Gabriela Neme criticó duramente el accionar de los magistrados locales: «Presumimos que lo vendió. No hay hospital público donde aparezca que se produjo el parto; creemos que la llevaron a parir a Paraguay. A mí no me queda duda de que está metido el poder político de la provincia, por eso archivaron la causa. Infran es la puerta de entrada y de salida de la trata, de la droga, de las armas, de todo lo nefasto que le pasa a este país».
Neme enfatizó además la falta de diligencias elementales durante los primeros días de la denuncia: «Faltaron medidas básicas desde el inicio. No hicieron allanamiento para ver las pruebas que podían encontrar en su casa, no le secuestraron los celulares y la mujer andaba libre. Se vestía con ropa muy grande pero le decía a su pareja que tenía miedo de perder el bebé».
El archivo sumarísimo decretado por los magistrados provinciales impidió la realización de peritajes ginecológicos clave, exámenes toxicológicos y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. A pesar de que la denunciada se negó activamente a someterse a revisiones médicas durante los primeros ocho días posteriores a la denuncia, el Poder Judicial resolvió dar por cerrada la vía de investigación provincial.
Inacción estatal y ramificaciones en el territorio
La controversia salpica a dependencias administrativas locales. La acusada se desempeñaba como empleada fija del municipio de su localidad, lugar donde su estado de gestación era de público conocimiento entre compañeros y autoridades. Según el testimonio brindado por Velázquez: «Ella es personal fija del municipio. Le cambiaron la silla de oficina porque su embarazo ya era notable y estaba en fecha de parto. Todos los testigos, mi papá y mis hermanos sabían. Mi papá llegó una semana antes y ella le decía: ‘Vas a tener un varoncito, vas a ser abuelo’. En un pueblo chico todo el mundo sabía».
El denunciante sostuvo que la mujer incurrió en reiteradas inasistencias sin dejar registro formal en los libros del municipio, amparada por autorizaciones verbales. Asimismo, remarcó la existencia de antecedentes similares en la zona y conductas reincidentes: «Le comentó a mi hermano que había vivido una situación similar con ella también, que como él estaba en la escuela de policía haciendo un curso, ella le dijo que perdió el bebé y nunca más tuvo conocimiento de lo que había pasado».
La hipótesis de las redes transfronterizas
Durante el debate mediático se analizó el despliegue geográfico de la región fronteriza. La proximidad con Paraguay —distante a apenas 30 kilómetros por pasos no habilitados— facilita la circulación clandestina. Los panelistas y analistas especializados señalaron los elevados montos en divisas internacionales que se mueven alrededor del tráfico ilícito de menores, estimándose cifras que rondan los 60.000 dólares por niño en mercados ilegales internacionales.
La diputada Neme remarcó la vulnerabilidad de las fronteras norteñas y la ineficacia de la justicia local para combatir este flagelo: «Presentamos la denuncia ante la unidad fiscal del juzgado federal. Nos comunicaron el número de expediente, pero quedó ahí. La justicia federal en Formosa también responde al poder de turno y es cómplice de los ilícitos, pero tenemos la esperanza de recurrir ante la Cámara Federal de Resistencia. Pareciera que Formosa no es Argentina».
Ante el cierre del flujo ordinario de investigación en la justicia provincial, el padre de la criatura hizo un desesperado pedido de auxilio a las autoridades nacionales: «Tengo una impotencia y una angustia tremenda, pero tengo fuerza en Dios de que esto se tiene que destapar. Necesito la ayuda de toda la Argentina y que la justicia federal intervenga. Ella no actuó sola, estuvo con una organización y tuvo el parto con un profesional. Quieren tapar todo acá, pero no me van a callar».
Testimonios cruzados y antecedentes institucionalizados
El eco de la denuncia generó la irrupción de llamados en vivo durante la emisión periodística. Diversos televidentes provenientes del interior formoseño y de provincias limítrofes como Chaco, Corrientes y Misiones manifestaron que el tráfico irregular de recién nacidos representa una problemática persistente en zonas con alta vulnerabilidad social y escaso control estatal.
En ese sentido, se citaron antecedentes alarmantes relacionados con hogares institucionales estatales, donde jóvenes vulnerables habrían sufrido situaciones de explotación seguidas de la posterior desaparición de sus bebés. La vinculación entre redes clandestinas de adopción ilegal, intermediarios políticos locales y pasos de frontera informales configura un entramado complejo que las víctimas exigen llevar hasta las instancias del fuero federal nacional./DiarioExpres
