La Legislatura de Formosa volvió a quedar envuelta en un escándalo político e institucional que expuso el nivel de degradación del debate parlamentario provincial, luego de una sesión marcada por insultos, acusaciones personales, gritos, intentos de agresión física y denuncias de censura política dentro del recinto.
Lo que debía ser una jornada legislativa ordinaria terminó convirtiéndose en un escenario de extrema tensión entre oficialismo y oposición, con expresiones como «falopero», «hijo de p…», «corruptos», «cómplices de la dictadura» y «cobardes» cruzándose entre diputados en medio de un clima que, según testigos, «estuvo a segundos de terminar a las trompadas».
El conflicto se desencadenó durante un debate relacionado con la cifra de los «30 mil desaparecidos», tema que rápidamente derivó en fuertes cruces ideológicos y acusaciones personales.
La situación explotó cuando el diputado oficialista Agustín Samaniego apuntó directamente contra el padre del legislador opositor Miguel Montoya , acusándolo de haber sido «cómplice de la dictadura».
La acusación generó indignación inmediata en la bancada opositora y provocó la reacción de Montoya, quien pidió hacer uso de la palabra para responder a los agravios personales.
Sin embargo, según denunciaron posteriormente legisladores opositores, el vicegobernador Eber Solís le negó la posibilidad de intervenir pese a haber sido mencionado directamente durante el debate.
Ese episodio terminó de romper el clima dentro del recinto.
Según distintos testimonios, tras lanzar las acusaciones, Samaniego abandonó rápidamente el recinto mientras Montoya intentaba seguirlo por los pasillos de la Legislatura para exigirle explicaciones cara a cara.
En medio del caos, incluso se denunció que un custodio del vicegobernador habría impedido físicamente que el legislador opositor pudiera salir del recinto.
«El enfrentamiento no terminó a las trompadas de milagro», señalaron personas presentes en la sesión.
Pero el episodio no fue el único momento de extrema tensión.
Horas antes, el diputado oficialista Rodrigo Vera protagonizó otro durísimo cruce con el legislador libertario Esteban López Tozzi , a quien habría insultado llamándolo «falopero» e «hijo de p…» en pleno recinto legislativo.
La situación generó un inmediato repudio desde distintos sectores opositores, que cuestionaron el silencio del bloque justicialista frente a los insultos y acusaron a las autoridades parlamentarias de «convalidar» la violencia política y los agravios personales dentro de la Cámara.
El clima terminó siendo tan hostil que varias legisladoras opositoras, entre ellas Emilia Maciel y Mara Amarilla , decidieron retirarse del recinto denunciando la violencia ejercida por el oficialismo.
Más allá de los insultos y el escándalo puntual, el episodio dejó expuesto un problema político mucho más profundo:
la creciente degradación institucional de una Legislatura donde el oficialismo utiliza su mayoría automática no solo para controlar el funcionamiento parlamentario, sino también —según denuncia la oposición— para disciplinar voces críticas y limitar el derecho a réplica dentro del recinto.
La negativa a conceder el uso de la palabra a un legislador directamente acusado de vínculos familiares con la dictadura fue interpretada por sectores opositores como una muestra grave de arbitrariedad institucional y utilización facciosa de la conducción parlamentaria.
Paradójicamente, mientras el recinto se convertía en un escenario de insultos, agravios y acusaciones cruzadas, la Cámara avanzaba simultáneamente con la designación de representantes para integrar organismos sensibles como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.
El contraste no pasó desapercibido:
Una Legislatura atravesada por episodios de violencia política, intolerancia y ataques personales decidiendo al mismo tiempo sobre organismos que deberían garantizar institucionalidad, equilibrio republicano y control judicial.
Para muchos observadores políticos, lo ocurrido refleja además un fenómeno cada vez más evidente en Formosa:
la radicalización del discurso oficialista frente al crecimiento de sectores opositores que comienzan a cuestionar abiertamente el modelo político provincial y el funcionamiento institucional del poder formoseño.
La escena final dejó una imagen preocupante:
Gritos, insultos, custodios interviniendo, legisladores retirándose del recinto y una Cámara provincial donde el debate político parece haber sido reemplazado definitivamente por la confrontación permanente y la lógica de enemigo interno./OpiniónCiudadana
