El Poder Ejecutivo Nacional promulgó ayer en el Boletín Oficial la ley que habilita a los ex combatientes con 53 años de edad a acceder a la “jubilación anticipada” por el servicio militar prestado en el Atlántico Sur. Sin embargo, la norma que fue sancionada por el Congreso el 16 de noviembre obtuvo un veto parcial en uno de sus artículos, el Nº 3. El mismo estipulaba que aquellos que pidan la jubilación anticipada “en ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”. La senadora nacional Ana Almirón, del Frente para la Victoria (FpV), y el diputado nacional José “Pitín” Aragón (FvP), criticaron la medida tomada por el Presidente. Ambos legisladores manifestaron que de esa forma fue eliminada la “garantía” de cobro de dos jubilaciones mínimas al momento del retiro, uno de los reclamos hechos por el sector para quienes no pudieron reinsertarse en el mercado laboral o trabajaron en negro tras el conflicto bélico.
El justificativo del Gobierno estuvo presente en los considerandos del decreto 1.250/2016 donde especifica que el pago de los dos haberes mínimos “desnaturaliza” el sistema previsional, ya que el objetivo de éste es establecer “el otorgamiento de las prestaciones por vejez en virtud del esfuerzo contributivo realizado por los trabajadores a lo largo de toda su vida activa, y cuyo haber es el resultante de dicha historia laboral”. Asimismo, el decreto agrega que “no se encuentra fundamento para establecer un haber mínimo diferencial que no guarde relación” con los aportes. Almirón explicó que se trata de “una jubilación justa para los ex combatientes, que además de pasar los avatares del combate tienen una expectativa de vida menor a la de las personas comunes”. En esa misma línea agregó que “el régimen pone en consideración la menor expectativa de vida de aquellos que participaron en el conflicto bélico, que se calcula aproximadamente en 10 años menos que un civil común, de acuerdo a estimaciones nacionales e internacionales de organismos de salud”. El veto parcial tendrá un impacto directo en los centenares de ex combatientes correntinos.
Por su parte, el diputado fue crítico al decir que “poco le interesa a este Gobierno reivindicar a nuestros compatriotas que combatieron en la guerra de las Islas de Malvinas. Este veto a uno de los reclamos más fuertes que hacían los conscriptos es una muestra de ello, sumado a las negociaciones con Gran Bretaña de no tocar la cuestión de la soberanía”, concluyó.s
