La Justicia federal dispuso que los 28 dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales no pueden salir del país ni acercarse a los comedores comunitarios y unidades de gestión, para evitar que amenacen a las víctimas, al tiempo que deben entregar sus pasaportes.
La medida la dispuso el juez federal Sebastián Casanello, en consonancia con el criterio del fiscal Gerardo Pollicita, al conceder la eximición de prisión a los imputados, lo que implica que pueden presentarse a declarar sin correr riesgos de quedar detenidos. Sin embargo, esta medida se concedió con restricciones, al punto que no pueden acercarse a las unidades de gestión que administran los planes, ni a los comedores.
Asimismo, se les impuso la obligación de presentarse en los tribunales una vez al mes y entregar sus pasaportes, en caso de tenerlos. Las medidas buscan que los investigados no huyan del país y que no pongan en riesgo a los testigos que ya declararon en la causa.
Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria y a los que se eximió de prisión son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Este caso se inició con más de 10.000 denuncias realizadas por presuntas víctimas de extorsiones de organizaciones piqueteras. Fue a través de una línea telefónica habilitada por el Gobierno antes de la primera marcha piquetera contra Javier Milei, en diciembre pasado. De esas denunciantes se logró ubicar a 45 en la ciudad de Buenos Aires y de ellas, unas siete aceptaron declarar ante la Justicia con reserva de su identidad. Cinco de esos siete testimonios son claves para sostener la imputación.
Las denuncias apuntan a que los piqueteros castigaban a los beneficiarios de los planes si no acudían a las manifestaciones, sacándoles el plan, condicionaban el cobro a que cumplieran determinadas presencias en esas manifestaciones, o imponían “castigos” a los que se ausentaban sin justificación, como la quita de alimentos que entregaba el Estado. A esas amenazas y coacciones se sumó luego la posibilidad de que los acusados hubieran realizado un fraude al Estado al desviar de su destino fondos del Plan Potenciar Trabajo que estaban dirigidos a sus beneficiarios.
Justamente este último argumento es el que convenció al juez Casanello de reconocer al Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, como querellante en la causa. Ser querellante le permite al Gobierno acceder al expediente, no solo como denunciante, sino realizar propuestas de medidas de prueba y recurrir decisiones del juez, al igual que el fiscal.
El Gobierno ya había intentado ser querellante mediante un escrito que presentó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, pero Casanello rechazó esa pretensión porque esa cartera, mediante la Policía Federal, trabaja en la investigación y es un brazo de la Justicia en la obtención de evidencias.
Hay una incompatibilidad, un interés de parte, evaluó el juez en aquel caso. Sin embargo, ahora, al tratarse de Capital Humano la situación es diferente, ya que el juzgado evaluó que existe la posibilidad de que los piqueteros imputados hubieran cometido el delito de administración fraudulenta, pues los fondos estaban en custodia del exministerio de Desarrollo Social, lo que los habilita como víctimas del delito.
Tras los testimonios de las víctimas, algunos beneficiarios de planes sociales comentaron que comenzó una “caza de brujas” en los barrios donde se hicieron los allanamientos a los 28 imputados. Esa presunta cacería apuntaría a detectar a los que denunciantes que efectivamente declararon y complicaron con sus dichos y copias de mensajes de WhatsApp a los líderes piqueteros. En esos chats queda claro que se los sancionaba, se les impedía acceder a los comedores, se les cobraba para hacerlo o que les privaban de vender la mercadería que les daba el Estado.
El juez Casanello dispuso el secreto del sumario sobre la causa desde el viernes pasado, cuando abrió una nueva línea de investigación económica y realizó un allanamiento para corroborar las sospechas sobre la utilización de cooperativas en el blanqueo y desvío de dinero.
El magistrado viene trabajando a puertas cerradas todo el fin de semana sobre esa pista y ahora está sumando nueva evidencia para consolidar la prueba. Restan aún recibir los informes sobre los teléfonos celulares incautados a los 28 piqueteros imputados y analizar sus mensajes y llamadas para consolidar la prueba antes de decidir si los llama a prestar declaración indagatoria. (LA NACION)
