Acusa a la titular de la DGR de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público «por el cobro ilegal del impuesto en concepto de anticipo de ingresos brutos».
El diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, presentó este lunes una denuncia penal ante la justicia federal contra la directora de Rentas de la Provincia, Mariela Cristina Arias, por el «cobro ilegal de impuestos» en los controles de ingreso a la Provincia.
Ya en septiembre pasado el legislador nacional había enviado una carta documento a la titular de la DGR, exigiendo al organismo que deje de cobrar impuestos en los ingresos al territorio formoseño. En la oportunidad citó sendos precedentes judiciales dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas iniciadas contra las provincias de Misiones y Córdoba también por el tema de las «aduanas interiores».
Con el patrocinio del abogado Carlos Lee, Carbajal elevó ahora una denuncia penal ante la fiscalía federal a cargo del doctor Luis Benítez, en la que acusa a la funcionaria provincial de los delitos de «exacciones ilegales, abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público, por cuanto considero ilegal el cobro del impuesto en concepto de anticipo de ingresos brutos, cuya negativa de pago importa el impedimento de ingreso a la Provincia por parte del ente recaudador».
En su presentación, el ex juez federal recordó que «en la Provincia de Formosa a partir de las resoluciones generales dictada por el organismo recaudador, se estableció un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme la cual, la Provincia no permite el ingreso de aquellas mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no se acredita el pago del mencionado anticipo».
Al respecto, señaló que en cada ocasión en que un transporte con productos de extraña jurisdicción arriba al territorio de la Provincia «es detenido por alguno de los puestos de control allí existentes, debiendo exhibir el comprobante de pago de los anticipos, que, de no cumplir con tal procedimiento, los funcionarios locales impiden que la mercadería de su propiedad pueda ingresar a la provincia, estando facultados, incluso, para disponer la interdicción o secuestro de ella».
Es dable destacar, que el basamento de las normativas de la DGR, radica en la necesidad de la Provincia de luchar contra el contrabando; puesto que –según afirman- de no cobrar el gravamen de forma anticipada, luego no pueden hacerlo, debido a que, la mayoría de la mercadería que ingresa, tiene como finalidad la exportación ilegal y no llegan a introducirse en el comercio local.
Sin embargo, para Carbajal este estado de situación «resulta paradójico, ya que, por un lado, el Gobierno de la Provincia reconoce su propia incompetencia y, por el otro, le hace la vista gorda al contrabando, en desmedro de los comerciantes locales».
«A partir de lo expuesto –añadió-, sostengo que las normativas provinciales que cuestiono, constituyen una barrera para la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional, lo que vulnera el art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional, el que consagra la denominada «cláusula comercial» en virtud de la cual el comercio interprovincial e internacional es reglamentado exclusivamente por el Congreso de la Nación, que, en consecuencia, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se encuentran habilitadas para dictar normas como las resoluciones de la DGR».
El diputado nacional de la UCR remarcó, además, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido al respecto -en cuestiones análogas- determinando «la prohibición absoluta de obstaculizar el libre tránsito y el cobro de impuestos o gravámenes que impidan el ejercicio del derecho u obstaculicen el comercio interprovincial; en otras palabras, reafirma la supremacía Constitucional y prohíben la instauración de aduanas internas».
Por lo tanto –reafirmó-, el accionar de la Dirección General de Rentas de la Provincia violenta y/o desconoce lo esgrimido por nuestro más alto tribunal de la Nación».
Pedido sin respuesta
En otro tramo de su denuncia penal, Carbajal indicó al fiscal federal Benítez que previo a esta presentación, había intimado a la contadora Arias para que deje sin efecto estas medidas relacionadas al cobro anticipado del ingreso bruto como requisito para ingresar a la provincia, señalando que ante este reclamo «solo reinó el silencio» por parte de la funcionaria.
«Ello me da la pauta de que la denunciada se encuentra en conocimiento de su accionar ilegal y que, a sabiendas, continúa con sus exigencias ilegales e inconstitucionales», advirtió finalmente. (EL COMERCIAL)
