El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, cuestionó el 2,9% de inflación y al INDEC de este Gobierno, rechazó la reforma laboral por considerar que «quita derechos» y argumentó sobre una caída real de la coparticipación. Sin embargo, sus declaraciones reabren interrogantes incómodos: ¿eran confiables las estadísticas del INDEC de Guillermo Moreno?, ¿la inflación durante el último gobierno nacional reflejaba estabilidad?, ¿gozan hoy los trabajadores formoseños de plena protección laboral?, ¿es sostenible un esquema provincial que financia cerca del 87% de su gasto con fondos nacionales?.
No se condice ese porcentaje de inflación con la realidad», afirmó, al tiempo que definió que «este índice es de este Gobierno» y que «el que vale es el de los precios de góndola». Según sostuvo, «la canasta no contempla la realidad de los aumentos«.
La crítica no quedó allí. También rechazó la reforma laboral impulsada por la administración nacional, al considerar que «no es beneficiosa para los trabajadores ni para las pymes», que «no es la solución» y que «quita derechos«, al estar —según su mirada— «hecha a la medida de los grandes intereses». En paralelo, se quejó por la coparticipación federal: si bien reconoció que la provincia recibió más dinero en términos nominales, aseguró que al actualizar por inflación los recursos estarían «siete puntos abajo» en comparación interanual.
El antecedente que incomoda
Las declaraciones abren un debate inevitable. Durante los años en que el INDEC estuvo bajo la órbita de Guillermo Moreno (2007-2015), las estadísticas oficiales fueron severamente cuestionadas por técnicos desplazados y por consultoras privadas que denunciaban subestimación del IPC. Aquella etapa derivó en una inédita moción de censura del Fondo Monetario Internacional en 2013 por la calidad de los datos argentinos.
En ese contexto, no hubo objeciones públicas desde la conducción económica formoseña. Hoy, el ministro descree del índice cuando la inflación muestra una desaceleración respecto de los picos registrados en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Derechos laborales y realidad provincial
Ibáñez cuestiona la reforma laboral por considerar que «quita derechos». Sin embargo, Formosa presenta una estructura laboral con fuerte predominio del empleo público —superior al 75% en algunas estimaciones— y con altos niveles de precarización: contratos prolongados bajo modalidades transitorias, becas o cooperativas, salarios que en muchos casos quedan por debajo de la línea de pobreza y escasa generación de empleo privado.
El contraste entre el discurso y la situación estructural vuelve a instalar el interrogante sobre la política laboral en la provincia.
Coparticipación y dependencia
En materia fiscal, el propio ministro admitió que los envíos crecieron en términos nominales, aunque sostuvo que cayeron en términos reales. No obstante, Formosa figura entre las jurisdicciones que más recursos nacionales reciben por habitante bajo el régimen de la Ley 23.548, y cerca del 87% de su gasto se financia con transferencias nacionales. La recaudación propia ronda el 6% de los ingresos totales.
El debate de fondo no parece agotarse en el número mensual del IPC ni en la variación interanual de la coparticipación. La discusión atraviesa cuestiones estructurales: dependencia del Tesoro Nacional, bajo desarrollo productivo, escasa generación de recursos propios y limitada autonomía fiscal.
Las declaraciones del ministro vuelven a poner en escena una tensión que excede la coyuntura: credibilidad estadística, calidad institucional y modelo económico. En ese terreno, el pasado reciente también forma parte del análisis./PrensaLibre
