Incremento en el precio del gas: las remarcaciones van desde el 150% al 260 % y las diferencias varían según la distribuidora

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Según indicaron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia las remarcaciones van desde el 150% al 260 % y las diferencias varían según la distribuidora, convirtiéndo a “la garrafa que es un bien esencial, en uno prácticamente inalcanzable de pagar para las familias”.

El titular de la entidad, Leonardo Gialluca, señaló que se produjeron nuevos y fuertes aumentos en el GLP envasado “que golpea directamente en los bolsillos de las franjas sociales más vulnerables” y de prácticamente el 99,9% de todos los consumidores formoseños que utilizan este tipo de combustible en sus domicilios.

El funcionario provincial, advirtió que se está dando en la práctica, una gran “disparidad de precios en las distintas distribuidoras tanto de capital como del interior provincial”, generándose abusos en los valores, frente a las necesidades de las personas, encontrándose el tubo de 10 kg entre $8.000 y $9.000 al mostrador, el de 45 kg a $27.000 en capital.

Señaló que en el caso de Chaco el tubo de 10 kg se comercializa a $13.000 y la de 45 kg a $42.000, en Corrientes el tubo de 10 kg se encuentra a $12.000 y la de 45 k a $42.000, en Misiones el tubo de 10 kg se comercializa a $12.000 y la de 45 kg a $30.000.

Aclaró que esto “va a continuar así, pues el actual Gobierno Nacional de Javier Milei ha desregulado la economía lo que viene impactando negativamente en los consumidores no así en los grandes grupos empresariales que cada día se ven más favorecidos por las medidas que se adoptan desde el Estado Nacional”.

Oportunamente, informaremos, cómo continúan los subsidios al gas envasado, si es que siguen vigente, y en la próxima Audiencia Pública a celebrarse el lunes 8 para fijar nuevos valores del gas y también el futuro del gasoducto del Norte Argentino, vamos a insistir en que se tenga en cuenta al momento de fijar valores, la naturaleza de electrodepedientes que tenemos hasta la fecha y que los ingresos no pueden “estar destinados a pagar más del 50 % lo que corresponde a energía eléctrica, agua potable, gas, transporte público”, pues así a la gente no le queda nada para afrontar los gastos de mercaderías y medicamentos.