El Juzgado Federal de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y bloqueó la cesantía de 300 trabajadores. El gremio celebró el fallo y advirtió que la Casa Rosada desafía a los poderes Legislativo y Judicial.
El escenario político y gremial suma un nuevo capítulo con la decisión del Gobierno de cesantear a 300 trabajadores del INTA, pese a que el Senado resolvió dejar sin efecto el DNU 462/25 que habilitaba dichos pases a disponibilidad. A esta controversia se sumó ahora la Justicia, que ordenó frenar la medida tras un recurso cautelar presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En caso de que la gestión libertaria no cumpla con lo resuelto por el Poder Judicial, trascendió que la multa podría alcanzar los $10.000.000 diarios. En efecto, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ratificó la cautelar presentada por ATE, dejando al Ejecutivo sin posibilidad de ejecutar la resolución que afectaba a centenares de trabajadores del organismo.
Más allá de su impacto sectorial, la resolución judicial fortalece una estrategia política más amplia para contener los decretos del Ejecutivo. El rechazo del DNU en el Senado, junto con las cautelares judiciales y la resistencia gremial, muestra que la Casa Rosada enfrenta un frente combinado de oposición en tres planos: el legislativo, el judicial y el sindical. En este escenario, para la visión sindical cada fallo no solo preserva derechos laborales concretos, sino que también funciona como un límite institucional a la agenda de ajuste./BaeNegocios
