Mediante un decreto publicado este miércoles, el presidente desestimó el pedido formulado por distintos actores para que desista de la candidatura del juez federal.
El presidente Javier Milei no da el brazo a torcer en su postura y se mantiene firme en su decisión de candidatear al juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar dentro de la Corte Suprema de Justicia, y así lo hizo saber este miércoles a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La publicación se da en el marco de un planteo formulado por un grupo de organizaciones civiles y de personas vinculadas a la Justicia, quienes aducían irregularidades en el trámite de la postulación, mediante la cual intentaron frenar la candidatura de Ariel Lijo, quien ya defendió su postulación ante la comisión de Acuerdos del Senado.
«Desestímase, por resultar inadmisible, la petición incoada contra la solicitud de Acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursada al H. Senado de la Nación mediante el Mensaje N° 31 del 27 de mayo de 2024», estableció el artículo 1° del decreto presidencial 785/2024 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del propio Javier Mieli y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En otro tramo del decreto, el Ejecutivo se explaya en que «no se configura ninguna de las causales que viabilizarían un recurso de revisión como el intentado, lo que conlleva de lleno a su inadmisibilidad formal».
Y sigue: «El acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma».
El «recurso de reconsideración», presentado ante el Poder Ejecutivo y la presidencia del Senado de la Nación, fue firmado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Usina de Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción, Profesores Republicanos y los abogados Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Vega, Alberto Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo de Jesús, y Marcelo Camerini.
Por eso desde el Gobierno expresaron que «no existe un acto administrativo impugnable por las vías recursivas que contemplan la Ley Nº 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017» ya que «el acto de remisión al H. Senado de la Nación de la propuesta de designación del doctor Lijo no se traduce en la emisión de un acto administrativo impugnable, toda vez que el pedido de acuerdo senatorial es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo Nacional como parte de un proceso complejo, que recién podría completarse luego del voto favorable de la Cámara Alta -con una mayoría calificada- y del dictado del decreto presidencial de designación».
En otro de los cuestionamientos expresados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo expresa: «Tampoco se desprende que alguno de los firmantes acredite que el envío del pliego cuestionado los afecte en la esfera de sus derechos subjetivos o intereses legítimos». (mdzol.com)
