Es porque un informe de la AFIP reveló que miles de beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda.
Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron la presencia en el Congreso de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, bajo cuya órbita funciona el plan de empleo Potenciar Trabajo, que está siendo investigado por el fiscal Guillermo Marijuan por un escándalo en torno a supuestas irregularidades.
La diputada del interbloque Graciela Ocaña solicitó que Tolosa Paz dé las explicaciones correspondientes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, en tanto que su colega de bancada Soledad Carrizo reclamó su interpelación en el recinto.
Por su parte, el diputado del mismo espacio Waldo Wolff fue más allá y anticipó que presentaría una denuncia penal por el tema.
Un informe de la AFIP reveló que miles de beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda que otorga el Ministerio de Desarrollo Social.
Juntos por el Cambio pide que Tolosa Paz vaya a Diputados
Al parecer, más de 253 mil beneficiarios declararon Bienes Personales y 35 mil realizaron compras de divisas extranjeras, dos incompatibilidades con el programa que reciben 1.350.000 personas.
«Resulta incomprensible que haya un número tan elevado de personas que hayan accedido a este plan social de manera irregular, en momentos críticos para la sociedad argentina, en donde hay que cuidar celosamente los recursos del Estado», sostuvo Ocaña en su pedido de citación a la ministra.
En tanto, Carrizo advirtió que el informe de la AFIP constituiría «un verdadero desfalco al erario público que debe ser subsanado inmediatamente». «Se debe investigar cuales son los mecanismos por los cuales se permiten estás estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas», insistió.
Por último, Wolff habló de su denuncia judicial: «Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También (hay beneficiarios que) declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito», sostuvo.
«Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos», advirtió, mientras que señaló que buscará ser querellante en la causa. (NA)
