El memorándum que firmó el gobernador Gustavo Melella captó al atención del Congreso de la Nación, que exige información. Días atrás, diputados opositores presentaron una denuncia penal contra “los responsables de esta entrega histórica de nuestra soberanía”.
El proyecto para construir un puerto con capitales de origen chino en Tierra del Fuego encendió las alarmas y en especial movilizó a la oposición. Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maiana Zuvic y Maximiliano Ferraro presentaron el 9 de junio una denuncia penal contra el gobernador Gustavo Melella, que también alcanza al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi; y el canciller Santiago Cafiero; por considerarlos “responsables de una entrega histórica de soberanía”.
Ahora, legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes a la presidenta de la Legislatura fueguina, Mónica Urquiza, con el objetivo de que lleguen detalles al Congreso de la Nación sobre el memorándum firmado con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group Co el 16 de agosto del año pasado. Piden una copia certificada y autenticada del acuerdo.
En el documento presentado a la Cámara de Diputados de Tierra del Fuego, los legisladores opositores afirman que “el acuerdo en cuestión tiene consecuencias políticas y estratégicas jurídicas, diplomáticas, patrimoniales, económico y financieras de suma gravedad”.
Y agregan: “Desde el punto de vista exclusivamente del Derecho Internacional, la República Argentina se podría ver constreñida a no frustrar los objetivos pactados y además a tener que responder internacionalmente frente a China en caso de reclamos y eventualmente también a los de otras potencias, todo ello así, aun cuando nuestro Gobierno Federal no hubiera intervenido en dicho acuerdo provincial”.
En la misma línea, los legisladores señalan que “acuerdos como el Memorándum mencionado sólo pueden ser válidos en nuestro fuero interno cuando los mismos tengan apenas objetivos económicos o sociales, cuya determinación, regulación y administración sean de potestad exclusiva de las provincias”. En este punto, afirman que “el decidir dónde se instalará un puerto para importación y exportación claramente no lo es puesto que se requiere el concurso del poder federal”.
Además, aseguran que para poder decidir de manera unilateral deben ser proyectos que “no obedezcan a objetivos políticos, ni que se opongan a los compromisos exteriores contraídos por la Nación en materia económica, ni a nuestra conveniencia diplomática, ni al ejercicio de facultades constitucionalmente transferidas por las provincias, muy especialmente que no se venga a afectar el crédito público exterior de la Nación”.
“Tal tipo de tratados sub-nacionales deberán comunicarse al Congreso de la Nación, que es el responsable del manejo de la deuda externa. De manera tal que el Parlamento será el encargado de observar el procedimiento en el caso de una flagrante contradicción con la política internacional de nuestro país. La esencia del Estado Federal es que la potestad en materia de relaciones exteriores corresponda al Congreso Nacional que aprueba los tratados y no a cada uno de los Estados provinciales”, indica el documento.
Por último, remarcaron la “tremenda relevancia del Atlántico Sur y de Tierra del Fuego en particular, en estos momentos de guerra en Europa, con la cual nuestro Mundo lamentablemente empieza a quedar de nuevo ‘dividido en dos’, todo lo que torna la importancia del control de los pasos oceánicos en una cuestión de carácter superlativo, máxime cuando nuestras todavía irredentas Islas Malvinas y que son parte integrante e integral de esa Provincia, cuentan con bases y tropas extranjeras estacionadas allí operando, navegando y volando todos los días”. (tn.com)
