La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de la familia Kirchner y Lázaro Báez, dando vía libre a la ejecución patrimonial definitiva por el fraude en la obra pública.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso definitivo de bienes pertenecientes a la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña desestimaron los recursos extraordinarios que buscaban frenar la ejecución patrimonial en el marco de la causa Vialidad.
La medida judicial tiene como objetivo recuperar una suma de $ 685.000 millones, cifra que representa el perjuicio total por la maniobra defraudatoria, informó Clarín. Esta resolución de 14 páginas confirma el criterio aplicado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en noviembre del año pasado.
El detalle de los activos afectados
De los 111 activos sujetos a ejecución, la gran mayoría son propiedad de Lázaro Báez, quien tiene 80 bienes bajo su titularidad. En segundo término se encuentra la familia Kirchner, con un total de 20 inmuebles afectados por la medida judicial.
Específicamente, se identificó una propiedad a título personal de Cristina Kirchner y otros 19 inmuebles que figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La decisión sobre el patrimonio de la exmandataria fue unánime entre los magistrados de la Sala IV.
Sin efecto suspensivo ante la Corte
A pesar del fallo de Casación, la ex mandataria y sus hijos mantienen la posibilidad de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que este proceso no detiene la ejecución de los bienes.
Al no tener efecto suspensivo, la decisión de quitarle a la familia Kirchner los 20 inmuebles se considera definitiva para el proceso de recuperación de activos. El foco del tribunal se mantiene en el cumplimiento de la pena patrimonial impuesta a los responsables de la maniobra.
Con esta resolución, la Justicia argentina cierra una etapa clave para la ejecución de las condenas económicas derivadas del caso de corrupción en la obra pública santacruceña./LaVoz
