En el juicio por corrupción en la obra pública, el TOF 2 estimó que el perjuicio para el Estado fue de $84 mil millones y dispuso medidas para recuperar el dinero. La Vice se desprendió años atrás de sus propiedades, que ahora están en manos de sus hijos. Qué llave podría activarse.
El pasado martes, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco del juicio conocido como Vialidad, en el que para la Justicia está probado que se direccionó obra pública en favor de Lázaro Báez.
Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso esta acción que consistió en beneficiar a las empresas de Báez trajo aparejado, a su vez, un perjuicio para el Estado, el que estimó en 84 mil millones de pesos. Es por este motivo que ordenó el decomiso de ese dinero entre los condenados, entre estos la propia Vicepresidenta.
Se trata de un punto que en medio de la sentencia pareció pasar desapercibido, pero que podría generar un conflicto en el futuro. Aunque el decomiso solo quedará firme en caso de que así lo determine en última instancia la Corte Suprema de Justicia, si esto llegase a ocurrir, hay opiniones cruzadas en la Justicia sobre la cantidad de dinero que debería depositar Cristina Kirchner.
Es que en 2016 la expresidenta decidió ceder la gran mayoría de sus bienes en partes iguales a sus hijos Florencia y Máximo y si bien el decomiso solo se efectuará sobre las propiedades y el dinero que se detallen en su última declaración jurada, el Estado podría iniciar una acción de reivindicación por entender que la maniobra evitó que parte de esos bienes queden afectados por una eventual condena como la que finalmente ocurrió y avanzar sobre el dinero por estos días está en manos de sus hijos.
Qué es la acción de reivindicación que podría activar el Estado ante el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Según su última declaración jurada, Cristina Kirchner dijo tener $46.608.385, patrimonio que se compone de plazos fijos en pesos y otras tenencias, siempre en moneda local. La Vicepresidenta no declaró ninguna propiedad, ya que todas estas fueron cedidas a sus hijos. Por caso, Máximo Kirchner informó bienes por la suma de $523 millones. Gran parte de estos corresponden a los otorgados por la Vice.
“El eventual decomiso se producirá sobre lo que ella posee al momento en que todo quede firme, si es que la Corte deja firme el fallo. Si ella ya lo cedió, lo que te queda es una posible acción para determinar la legalidad de esa transferencia. La fiscalía de (Diego) Luciani debería pedirlo si tiene elementos para sospechar que esa cesión pudo haber sido fraudulenta. Pero eso es un proceso distinto, que debería ir por lo contencioso-administrativo”, le dice a TN una fuente judicial.
En caso de que la Justicia entienda que lo que ella posee al momento de un eventual decomiso es insuficiente, podría decidir una inhibición general que le impediría acceder a nuevas propiedades o cualquier otro bien.
En paralelo, el Estado tendrá la facultad de iniciar lo que se denomina una acción de “reivindicación”, en la que se puede solicitar la restitución de una propiedad. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) así lo regula en su art. 2247. En ese proceso se tendrá que demostrar que esos bienes se adquirieron producto de las maniobras de corrupción investigadas y por ende corresponde su decomiso. Por cuestiones políticas, esta acción solo se daría en caso de que la oposición llegue al poder en 2023.
Opiniones cruzadas sobre la posibilidad de accionar una medida sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner
“El Estado no puede ir contra los bienes de los hijos, pero si hay elementos para sospechar que esa transacción de bienes fue fraudulenta, se puede determinar si ella lo hizo para desapoderarse y frente a la eventualidad de esta condena no asumir la responsabilidad económica”, agrega otra fuente de Comodoro Py.
En diálogo con TN, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, afirma que el eventual decomiso de los bienes traerá un dolor de cabeza. “La Justicia puede llegar a actuar sobre esa cesión si considera que esos bienes se generaron durante el período investigado (2003-2015)”, dice. Y agrega: “Si existiese un adquiriente tercero de buena fe, la situación es más compleja, pero al ser sus hijos se puede llegar a interpretar que la situación puede ser fraudulenta”.
En cualquiera de los escenarios, las fuentes consultadas coinciden en que se trata de un proceso complejo, que demandará tiempo y una larga discusión.
La cesión de los bienes a Máximo y Florencia Kirchner se produjo en mayo de 2016, tres días después de su primer procesamiento en el marco de la causa Dólar Futuro y un mes y medio antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos. Por aquellos días, Margarita Stolbizer había presentado un escrito en la Justicia con el que acusó a la actual Vicepresidenta de “insolvencia fraudulenta”, es decir, desprenderse de sus activos para preservar su patrimonio frente a medidas judiciales.
En aquel momento nadie imaginaba que Cristina Kirchner podría ser condenada en una causa por corrupción y que un Tribunal podría ordenar un decomiso sobre sus bienes. Claro está que aún resta la confirmación del máximo tribunal de Justicia.
Tampoco queda claro si lo que mensualmente percibe Cristina Kirchner en concepto de jubilación de privilegio, unos $6 millones, quedaría alcanzado por la medida. (tn.com)
