Las comunidades indígenas Pilagá, Wichí y Qom en la provincia de Formosa viven una situación alarmante debido a la falta de acceso al agua potable. En lugar de permitirles gestionar sus propios recursos hídricos, las autoridades provinciales y municipales les imponen una dependencia total de los camiones cisterna, cuya distribución es arbitraria y sin garantías de salubridad. Esta restricción sistemática impide el desarrollo autónomo de los pueblos originarios y los mantiene en una constante situación de vulnerabilidad.
La falta de agua potable ha provocado graves consecuencias para la salud de estas comunidades. Enfermedades como gastroenteritis, desnutrición, insuficiencia renal y parasitosis afectan principalmente a niños y ancianos. Además, la ausencia de controles sanitarios sobre el agua entregada en los camiones cisterna exponen a la población a riesgos aún mayores, sin que las autoridades brinden respuestas concretas.
Ante este panorama, varios líderes indígenas han alzado la voz en defensa de sus comunidades. Félix Díaz, Elma Toledo y Timoteo, entre otros, han denunciado públicamente la violación de sus derechos humanos y la represión estatal. En muchos casos, estas denuncias han sido respondidas con amenazas, persecución e incluso violencia policial, como ocurrió recientemente en la Comunidad Isla Cristina Wichí, donde dos jóvenes fueron agredidos sin motivo.
El reclamo por el acceso al agua no es solo una demanda social, sino un derecho reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Sin embargo, informes de organizaciones como Amnistía Internacional indican que más del 80% de las comunidades indígenas en Formosa carecen de acceso directo a agua potable. A pesar de que existen los medios para construir pozos y sistemas de abastecimiento adecuados, las autoridades provinciales siguen negando soluciones estructurales.
La lucha de los pueblos indígenas en Formosa no es solo por el agua, sino por la dignidad y el respeto a sus derechos fundamentales. Es necesario visibilizar esta problemática y exigir respuestas concretas del gobierno provincial. La comunidad internacional y la sociedad argentina deben actuar para poner fin a esta injusticia, recordando que el acceso al agua no es un privilegio, sino un derecho humano innegociable. (Con información de Pressenza International Press Agency)
