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jueves 2, julio 2026.
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La oposición insiste en que Formosa adhiera a la Ley Lucio y propone una política de Estado para proteger a la infancia

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Tras los recientes hechos de violencia infantil que volvieron a conmocionar a la sociedad formoseña, diputados provinciales de la oposición reiteraron el pedido para que la Legislatura avance con el tratamiento del proyecto de adhesión de Formosa a la Ley Nacional N.º 27.709, conocida como Ley Lucio. La iniciativa busca fortalecer la prevención, la detección temprana y el abordaje de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes mediante la capacitación obligatoria de agentes de los tres poderes del Estado.

El proyecto fue presentado de manera conjunta por legisladores opositores con el objetivo de incorporar a la provincia al sistema nacional de formación previsto por la normativa. Según señalaron, la reciente conmoción generada por un nuevo caso de violencia infantil pone nuevamente en evidencia la necesidad de reforzar las herramientas institucionales destinadas a proteger los derechos de la niñez y actuar antes de que ocurran situaciones irreparables.

En ese contexto, los diputados sostuvieron que la protección de la infancia debe trascender las diferencias políticas y convertirse en una política de Estado. «Hay causas que no deberían tener dueño. La protección de nuestros niños es una de ellas. No importa quién presentó el proyecto. Lo importante es que Formosa cuente con una herramienta más para prevenir tragedias», expresaron.

Asimismo, remarcaron que la Ley Lucio fue concebida para prevenir hechos de violencia a través de la capacitación permanente de docentes, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, trabajadores sociales, funcionarios judiciales y demás agentes estatales vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, convocaron al bloque oficialista a alcanzar un acuerdo institucional que permita debatir y sancionar la iniciativa, incluso incorporando modificaciones si fueran necesarias.

Finalmente, afirmaron que el objetivo no es obtener un beneficio político, sino dotar al Estado provincial de mayores herramientas para intervenir de manera oportuna frente a situaciones de riesgo. «No queremos más Lucios. No queremos más Naithan. Queremos que nuestros niños crezcan protegidos y que el Estado cuente con las herramientas necesarias para actuar a tiempo. La protección de la infancia debe convertirse en una verdadera política de Estado», concluyeron.