La paciencia de los afiliados de la obra social del Instituto de Asistencia Social del Empleado Público (IASEP) parece haberse convertido en un requisito no escrito para acceder a la salud en Formosa. Desde hace ya un tiempo, quienes necesitan autorizar análisis clínicos comunes u otras prácticas médicas deben iniciar un verdadero peregrinaje administrativo ante la delegación de Clorinda, en un ir y venir desgastante que nada tiene que ver con la atención sanitaria que merecen.
Lejos de simplificarse, el trámite se ha transformado en un laberinto sin señalización. No existe información clara y pública sobre los criterios que aplican los auditores para autorizar o rechazar prácticas. Tampoco se comparten esas pautas con médicos y laboratorios prestadores, lo que permitiría corregir observaciones de manera previa y evitar así que el afiliado cargue sobre sus espaldas el peso de la desorganización. El resultado es siempre el mismo: personas que deben presentarse varias veces ante la delegación de Clorinda hasta lograr, con suerte, la ansiada autorización.
El caso de una jubilada afiliada, con domicilio en Laguna Naineck —a 40 kilómetros de Clorinda— expone con crudeza la situación. Tras cumplir en primera instancia con las rectificaciones sugeridas por la auditoría, realizó un segundo viaje con la expectativa de resolver el trámite. Sin embargo, la autorización volvió a serle negada. Como si el esfuerzo y los costos asumidos no fueran suficientes, se le indicó que, para destrabar la situación, debería viajar hasta la ciudad de Formosa. Cuando solicitó precisiones sobre qué requisito faltaba cumplimentar, la respuesta de una agente fue tan desalentadora como alarmante: “no sabría decirle”. Así, la afiliada quedó en un limbo administrativo, sin respuestas y sin solución concreta.
Pero mientras los papeles van y vienen, y las respuestas no llegan, la salud no espera. En el caso de esta jubilada, la demora en la autorización implica postergar estudios necesarios para evaluar y tratar su cuadro clínico. Cada día que pasa sin una definición administrativa es un día en que su estado puede agravarse, aumentando la angustia y el riesgo. La burocracia, en estos casos, deja de ser una mera molestia para convertirse en un factor que incide directamente en la evolución de la enfermedad.
La obra social se encuentra intervenida desde el año 1995, una medida que en teoría debía ordenar y transparentar su funcionamiento. No obstante, para muchos afiliados la intervención no ha significado mejoras palpables en la atención cotidiana. Por el contrario, crece la percepción de un trato desconsiderado e indiferente hacia quienes, además, no pueden optar por otra cobertura y están obligados a depender del IASEP para el cuidado de su salud. El malestar se expande, sobre todo entre quienes residen en el interior provincial. Para ellos, cada trámite implica gastos de traslado, horas perdidas y una carga emocional que se suma a la preocupación por la propia salud. En tiempos donde la tecnología permite digitalizar procesos y agilizar autorizaciones, resulta inadmisible que los afiliados deban convertirse en gestores itinerantes de su propio derecho a la atención médica. La salud no puede quedar atrapada en la maraña burocrática: exige respuestas claras, criterios transparentes y, ante todo, respeto por las personas.
