La crisis energética que atraviesa nuestra región se ha convertido en una pesadilla cotidiana para miles de familias, emprendedores e instituciones. Los cortes de energía son una constante, afectando no solo el normal funcionamiento de los hogares, sino también la producción de pequeños y medianos emprendimientos, el desarrollo de actividades en las instituciones públicas y, lo que es aún más grave, poniendo en riesgo la vida de las personas electrodependientes.
Sin embargo, lo más alarmante no es solo la deficiencia del servicio, sino la indiferencia de quienes deberían velar por los derechos de los consumidores. Las autoridades gubernamentales, lejos de tomar cartas en el asunto, se limitan a justificar la ineficiencia con explicaciones vagas y evasivas, sin ofrecer soluciones concretas. Parecen más preocupadas por defender a la empresa prestataria que por garantizar el acceso a un servicio esencial para la vida moderna.
El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), organismo que debería fiscalizar y exigir mejoras en la prestación del servicio, permanece en un mutismo absoluto. No informa qué gestiones realiza para solucionar el problema, ni tampoco sanciona a la empresa por los reiterados incumplimientos. Su falta de transparencia y de acción nos deja a los usuarios en un estado de indefensión total.
Por su parte, la empresa proveedora de energía opera con una opacidad preocupante. No brinda información sobre las causas reales de los cortes ni establece canales de comunicación eficaces para orientar a los usuarios sobre cómo proceder ante los constantes apagones y bajones de tensión, que tanto daño provocan a los artefactos eléctricos de los hogares y comercios.
El resultado de esta combinación de inoperancia e indiferencia es un servicio decadente y un perjuicio incalculable para la sociedad. ¿Hasta cuándo se permitirá que los usuarios seamos los únicos que pagamos las consecuencias de la desidia y el abandono? ¿Quién tomará la responsabilidad de exigir respuestas y soluciones reales?
Es hora de que los organismos de control asuman su rol con seriedad y que las autoridades gubernamentales dejen de ser cómplices de este atropello. La energía eléctrica no es un privilegio, es un derecho, y su prestación debe ser eficiente, constante y de calidad. Basta de excusas, basta de justificaciones: los ciudadanos merecemos respuestas y, sobre todo, soluciones. (OSCAR INSFRAN)
