Una grave denuncia pública involucra al intendente local, Julio Murdoch, tras la difusión de un testimonio acompañado por una grabación que comprometería seriamente su accionar institucional. Una joven estudiante de la localidad lo acusa de maltrato, discriminación y un accionar humillante, además de incumplir con un compromiso previamente asumido respecto a una posible oportunidad laboral.
Según relató la denunciante, tras una conversación previa con el jefe comunal, se presentó a la cita el martes posterior a las elecciones, tal como había sido acordado. Fue recibida por el intendente detrás de su oficina, donde le consultó por novedades sobre la promesa de trabajo que habían conversado. La respuesta, sin embargo, distó mucho de ser institucional o respetuosa: al enterarse que la joven había oficiado de fiscal para otro espacio político, el intendente le respondió que fuera a pedirle trabajo a quienes representaba, desentendiéndose abruptamente de lo conversado.
“No solo me negó lo que me había prometido, sino que me humilló por haber buscado otro camino cuando no tuve respuesta antes”, afirmó la joven. Agregó que es estudiante, que se esfuerza por culminar su formación académica y que su interés era obtener una fuente de ingreso para continuar sus estudios, algo que en la localidad se torna extremadamente difícil por la escasa oferta laboral. “Me echó sin más. Sentí una discriminación total, una violencia institucional disfrazada de política”, lamentó.
La situación no solo pone de relieve un acto de maltrato personal, sino que desnuda una práctica lamentablemente extendida: el uso discrecional y partidario de los recursos públicos. La joven reflexionó que “el intendente se olvida que representa a todo un pueblo, no a una facción política. Los recursos del Estado no deben usarse para premiar lealtades ni castigar disidencias. Lo que viví no debería pasarle a nadie”. Sus palabras expresan un sentimiento de hartazgo, pero también de valentía por haber hecho público el hecho.
Este testimonio abre una necesaria discusión sobre los límites del poder en contextos pequeños donde muchas veces, las relaciones personales y políticas se entrelazan en detrimento del respeto institucional. Es urgente repensar el rol de quienes gobiernan y la necesidad de mecanismos claros que protejan a los ciudadanos de prácticas abusivas o clientelares. Porque en una democracia real, el castigo por pensar distinto jamás puede ser una política de Estado.
