Una publicación periodística vuelve a poner bajo cuestionamiento la transparencia de las finanzas provinciales y señala presuntas omisiones millonarias que se arrastrarían desde hace al menos ocho años. El caso reaviva los interrogantes sobre los mecanismos de control, la rendición de cuentas y el manejo de los recursos del Estado durante la prolongada gestión de Gildo Insfrán.
La administración del gobernador Gildo Insfrán vuelve a quedar bajo la lupa por el manejo de los fondos públicos. Una publicación de Realpolitik advierte sobre presuntas omisiones millonarias en las cuentas provinciales que se remontarían, al menos, a 2018 , planteando nuevos interrogantes sobre la transparencia presupuestaria y los controles institucionales en Formosa.
El señalamiento adquiere especial gravedad política porque involucra la administración de recursos públicos durante una gestión que lleva más de tres décadas ininterrumpidas en el poder .
La cuestión central es determinar qué información habría sido omitida, qué organismos debían controlar esos registros y qué explicaciones puede ofrecer el Gobierno provincial sobre las observaciones señaladas.
Ocho años de interrogantes sobre las cuentas públicas
El período mencionado en la publicación comprende diferentes ejercicios presupuestarios y administraciones económicas bajo la conducción del mismo gobernador.
Si las omisiones señaladas se confirman, no se trataría de una observación aislada, sino de un problema de rendición de cuentas que podría extenderse durante varios años.
La gravedad institucional de una irregularidad contable depende de su naturaleza, su monto, las normas aplicables y la eventual responsabilidad de los funcionarios intervinientes.
Por eso, el Gobierno provincial debería facilitar los documentos y las explicaciones necesarias para determinar el alcance real de las observaciones .
La transparencia de las cuentas públicas no puede depender únicamente de declaraciones oficiales sobre el equilibrio fiscal o la administración responsable de los recursos.
Una gestión marcada por cuestionamientos sobre el destino del dinero público
Los interrogantes sobre la administración provincial tienen antecedentes.
En diciembre de 2024, una investigación periodística basada en 230 documentos públicos de distintas dependencias provinciales expuso órdenes de pago, transferencias y contrataciones que suscitaron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para distribuir recursos estatales.
Entre los movimientos examinados figuraban pagos a entidades privadas, contrataciones de obra pública y transferencias relacionadas con el Partido Justicialista.
Estos antecedentes alimentaron el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y garantizar que la ciudadanía pueda conocer de manera clara cómo se administra el presupuesto provincial.
No obstante, corresponde distinguir las denuncias periodísticas de los hechos judicialmente acreditados. En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de una causa vinculada con transferencias al PJ formoseño por aproximadamente 1.660 millones de pesos, al considerar la mayoría del tribunal que las operaciones cuestionadas respondían a aportes partidarios legales.
Esa resolución no elimina la necesidad de examinar otras observaciones contables, pero tampoco permite presentar aquellas transferencias como un desvío delictivo comprobado.
El verdadero problema: quién controla al poder
Después de más de treinta años de gobierno, la transparencia debería constituir una obligación elemental de la administración de Insfrán.
Sin embargo, las dificultades históricas para acceder a información pública y conocer determinados aspectos de la administración provincial han sido objeto de reiterados cuestionamientos.
La concentración política y la prolongada permanencia de una misma conducción en el Ejecutivo vuelven especialmente importante la existencia de organismos de control capaces de actuar con independencia.
No alcanza con que el Gobierno asegure que administra correctamente los recursos. Debe poder demostrarlo con documentación accesible, completa y verificable.
El presupuesto provincial no pertenece al gobernador ni a los funcionarios que circunstancialmente lo administran. Se trata de recursos públicos que deben estar sometidos al escrutinio ciudadano y al control institucional.
Las preguntas que el Gobierno debería responder
Las presuntas omisiones señaladas desde 2018 abren una serie de interrogantes que requieren precisiones documentales.
¿Qué partidas o movimientos contables fueron observados? ¿A cuánto ascienden los montos involucrados? ¿Qué organismos tenían la responsabilidad de registrarlos y controlarlos? ¿Se formularon observaciones oficiales? ¿Fueron subsanadas?
También resulta necesario establecer si los informes correspondientes fueron puestos a disposición de la Legislatura y de los organismos de fiscalización, y qué respuestas brindaron las autoridades provinciales.
Estas preguntas no implican dar por acreditada una conducta delictiva. Constituyen exigencias básicas de rendición de cuentas frente a señalamientos que afectan la confianza pública.
Treinta años de poder no pueden significar treinta años sin explicaciones
El gobernador Gildo Insfrán ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la defensa del Estado provincial y de un modelo de administración que presenta como ordenado y responsable.
Pero la responsabilidad fiscal no se demuestra únicamente con discursos, anuncios o balances generales: también exige información pública verificable y controles efectivos .
Cuando aparecen cuestionamientos sobre cuentas públicas que abarcarían varios ejercicios presupuestarios, la respuesta institucional debería ser una explicación detallada, acompañada por la documentación correspondiente.
La prolongada permanencia de Insfrán en el poder no reduce esa obligación. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Los formoseños tienen derecho a saber cuánto dinero ingresó al Estado, cómo se utilizó, qué observaciones formularon los organismos de control y qué medidas se adoptaron para corregir eventuales irregularidades.
Porque después de más de tres décadas de gobierno, la pregunta que debería poder responderse sin dificultades es tan sencilla como fundamental:
¿Quién controla las cuentas del poder y cómo pueden los ciudadanos comprobar qué se hizo con su dinero? /PrensaLibre



